La desaparición de Roxana Guzmán en Veracruz reabre el debate sobre la vulnerabilidad de la prensa en México

La desaparición de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, periodista y fundadora de un medio digital en Nanchital, Veracruz, ha vuelto a poner en evidencia las graves carencias en la protección de quienes ejercen el periodismo en México.

Tres días después de su secuestro, la académica Grisel Salazar Rebolledo, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, señaló que el problema trasciende la respuesta tardía de las autoridades, así como en una contradicción estructural de los gobiernos, que proclaman proteger a la prensa mientras la desacreditan desde sus espacios de poder.

La especialista advirtió que los mecanismos institucionales, lejos de ofrecer soluciones inmediatas, se han burocratizado hasta perder la capacidad de reaccionar cuando la vida de un informador está en riesgo. En su opinión, la política pública falla por tratar todos los casos de forma uniforme, sin atender las realidades específicas de cada región. Esta situación, coloca a periodistas como Guzmán Ramírez en escenarios de alta vulnerabilidad, en especial en estados con antecedentes de violencia sistemática contra la libertad de expresión.

Este caso en particular es representativo de un fenómeno nacional: el deterioro de la seguridad para la prensa y la normalización de la violencia, que se ha profundizado a partir de discursos oficiales de estigmatización y descalificación. Este clima erosiona la percepción social sobre la importancia del periodismo y debilita la empatía hacia las víctimas de agresiones.

Limitaciones institucionales y contexto de riesgo para periodistas en México

Guzmán Ramírez es la líder de Pulso Informativo del Sureste, un sitio digital con cerca de 20 mil seguidores, cifra equivalente al 70% de la población local. Su trabajo periodístico incluye la documentación de denuncias ciudadanas, deficiencias en servicios públicos y temas de seguridad, lo que la ha expuesto a episodios de hostigamiento e incluso a amenazas directas. Ya en 2019 había solicitado protección institucional tras denunciar acoso por parte de un funcionario municipal. Además, en 2017, su pareja fue asesinada en Nanchital, obligándola a abandonar temporalmente la entidad.

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz desplegó personal para acompañar a la familia de la comunicadora. Sin embargo, la reacción de las autoridades ha sido cuestionada por su lentitud y excesivo apego a procedimientos administrativos.

Asimismo, la académica recordó que ni siquiera la transmisión en vivo de un secuestro parece suficiente para activar protocolos de emergencia, lo que pone en duda la eficacia de los mecanismos existentes.

Detrás de cada caso de violencia contra periodistas hay una sociedad que ha dejado de exigir resultados, ya sea por miedo o indiferencia. Esta falta de presión social, sumada a la ausencia de una reacción institucional contundente, contribuye a la impunidad y perpetúa la escalada de agresiones.

Módulos de apoyo y cifras sobre libertad de prensa

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras documentan que, actualmente, al menos 28 periodistas siguen en calidad de desaparecidos en México, un indicador extremo de la violencia que enfrenta el gremio. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, el país ocupa la posición 122 de 180 naciones evaluadas, lo que refleja la gravedad del entorno para quienes ejercen la labor informativa.

La Dra. Salazar Rebolledo manifestó que la responsabilidad no es exclusiva de las autoridades, la sociedad debe defender el valor democrático del periodismo y exigir cuentas a quienes gobiernan. Normalizar la violencia, advierte, implica perder voces críticas e información esencial para la toma de decisiones colectivas.