Segob aclara que citatorios de la FGR a autoridades de Chihuahua y Sinaloa no tienen interés político

La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró este 23 de mayo que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) a autoridades de Chihuahua y Sinaloa son “un asunto de procedimiento” y que los convocados acudirán en calidad de testigos.

Entre los citados figuran la gobernadora María Eugenia Campos Galván, el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otras nueve personas acusadas de vínculos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De los diez citados en el caso Sinaloa, únicamente ocho podrían comparecer ante la FGR: el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez se entregó a las autoridades estadounidenses desde el 11 de mayo, mientras que reportes extraoficiales indican que el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega habría hecho lo mismo.

En su comunicado, la dependencia subrayó que la FGR es un órgano constitucional autónomo cuyas actuaciones se desarrollan “con fundamento en la ley” y precisó que la institución “no tiene interés político”.

El anuncio llegó horas después de que Campos Galván acusara públicamente que el citatorio buscaba “dañar a los chihuahuenses” y “eliminar la institucionalidad del estado”.

La secuencia de hechos se desencadenó este mismo 23 de mayo: la FGR notificó primero a Campos Galván, quien al recibir el documento en el Palacio de Gobierno cuestionó que Rocha Moya no hubiera sido convocado en los mismos términos por su caso, el cual es totalmente ajeno. Horas después, la Fiscalía emitió un comunicado donde no solo confirmó que el gobernador sinaloense y los otros nueve imputados también fueron citados, sino que reveló además que el exfiscal César Jáuregui Moreno enfrentará la misma diligencia.

Maru Campos señaló a Rocha Moya y la FGR confirmó su citatorio

Al recibir el citatorio en el Palacio de Gobierno, Campos Galván reclamó públicamente que Rocha Moya no había sido convocado en los mismos términos.

“Con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer ante la Fiscalía General de la República, ni a ningún otro gobernador de este país”, señaló la mandataria panista frente a los funcionarios que la notificaron.

Sin embargo, la referencia de la gobernadora resultó imprecisa, debido a que hora más tarde la FGR informó que que Rocha Moya y otras nueve personas también fueron citadas a rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación, en el marco de la indagatoria abierta tras la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que los vincula con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El caso CIA en Chihuahua y el caso Sinaloa: qué investiga la FGR en cada uno

La indagatoria en Chihuahua deriva del operativo realizado los días 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, donde se localizó un narcolaboratorio del crimen organizado. Al regreso del operativo, el 19 de abril, un accidente automovilístico dejó como saldo dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) fallecidos junto con dos extranjeros, lo que destapó la supuesta presencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano.

La FGR abrió dos carpetas: una por el hallazgo del narcolaboratorio y otra por posibles delitos en materia de seguridad nacional, tras determinar que la FGE Chihuahua realizó una llamada telefónica a la Fiscalía federal el 18 de abril, cuando el operativo ya había concluido.

El citatorio a Campos Galván y a Jáuregui deriva de la cadena de mando de los servidores públicos que participaron en el operativo.

En el caso Sinaloa, la indagatoria se abrió a raíz de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, por presuntos nexos con Los Chapitos.

La FGR había señalado el pasado 1 de mayo que las autoridades estadounidenses solicitaron la detención provisional de los señalados, no su extradición, y que dicha solicitud no incluyó pruebas que los vincularan directamente con los crímenes que se les imputan.

Las indagatorias del Departamento de Justicia de EEUU señalan que los servidores y exfuncionarios habrían colaborado con la organización de los hijos de “El Chapo” a cambio de apoyo para que el gobernador Rocha ganara la gobernatura en el 2021.