EEUU condena a Luca Scalisi, financiero de la disquera Del Records vinculada al CJNG

Luca Scalisi, responsable de las finanzas en Del Records, recibió una condena de ocho meses de prisión federal el 7 de abril de 2026. La sentencia se dictó tras comprobarse su participación en operaciones financieras ligadas a bienes de narcotraficantes, una violación a la Ley Kingpin, normativa que prohíbe transacciones con personas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El caso reveló los nexos de la disquera, una de las más relevantes en la escena del regional mexicano, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, según la periodista Laura Sánchez Ley, ordenó que Scalisi cumpla su pena en una instalación federal al sur de California, con el objetivo de que permanezca cerca de su familia. Además de la cárcel, el ex directivo deberá cumplir tres años bajo supervisión, pagar 15,000 dólares como restitución y cubrir una cuota especial de 100 dólares. La fecha límite para presentarse ante las autoridades es el 8 de julio de 2026.

Scalisi evitó una condena mucho mayor, pues inicialmente enfrentaba hasta una década en prisión. En abril de 2025, acordó con la Fiscalía del Distrito Central de California declararse culpable de uno de los cargos en su contra. Tras admitir su responsabilidad, la fiscalía solicitó una reducción en la gravedad de la sentencia, lo que llevó a que 13 de 14 cargos fueran eliminados durante la audiencia.

¿Quién es Luca Scalisi?

Scalisi tiene 59 años, nació en Italia y llegó a Estados Unidos de adolescente. Se instaló en Beverly Hills, donde terminó la preparatoria, y fue aceptado en la Universidad del Sur de California. No terminó la carrera: dejó los estudios para hacerse cargo de su padre, enfermo de cáncer.

Cuando este murió, Scalisi ya estaba construyendo una trayectoria en las finanzas y el entretenimiento que durante décadas no tuvo ningún punto de contacto con el crimen organizado. Administró portafolios inmobiliarios, trabajó en capital de riesgo y operó una empresa de ropa con licencias de Disney y Bloomingdale’s.

Su entrada al mundo de la música llegó a través de la compañía del rapero Eminem, donde pasó cerca de una década acumulando créditos en producción y finanzas: en el especial de televisión Eminem: Live from New York City (2005) figura simultáneamente como coproductor y como director financiero de Shady World Productions, el patrón que repetiría en cada proyecto posterior.

En los años siguientes produjo la serie Cleaners (2013-2014), la miniserie australiana Deadline Gallipoli (2015) y First Reformed (2017), el thriller protagonizado por Ethan Hawke que A24 distribuyó en Estados Unidos.

En 2018, el mismo año en que el expediente judicial lo ubica procesando depósitos del CJNG en una cuenta bancaria mexicana, sus créditos de IMDb lo registran como productor de The Chaperone, película protagonizada por Elizabeth McGovern y Haley Lu Richardson. Scalisi operaba en dos mundos al mismo tiempo.

En 2014, un reclutador lo llevó a Del Records. Él mismo argumentó ante el tribunal que su función dentro del sello se limitaba al área de streaming y licencias.

Antes de la audiencia de sentencia, Scalisi envió a la jueza Frimpong una carta de cuatro páginas. El tono no era el de alguien que minimiza lo ocurrido: “Estoy avergonzado. Acepto plena responsabilidad por las cosas que hice y no estoy buscando excusas”, escribió. Y más adelante: “No sólo me fallé a mí mismo sino a mi familia, a mis amigos y a mi país. Tendré que vivir con la vergüenza de mi falta de acción por el resto de mi vida”, consigna Sánchez Ley en Milenio.

Cómo operaba la red del CJNG

Del Records, fundada en 2008 por Ángel del Villar en Los Ángeles, se consolidó como un sello líder en música regional mexicana. Entre sus artistas figuraban nombres como Gerardo Ortiz, Luis Coronel, Ariel Camacho, Los Plebes del Rancho, Revolver Cannabis, Jaziel Avilez, Fidel Rueda, King Lil G y A.B. Quintanilla III.

La operación en México estaba bajo la coordinación de Jesús Pérez Alvear, alias “Chucho”, quien organizaba conciertos, gestionaba acuerdos con promotores y aseguraba los recintos para los shows, obteniendo una comisión por cada evento.

A través de la colaboración con Pérez Alvear, Del Records facilitó que recursos generados por conciertos y presentaciones de artistas en México, organizados por este operador, ingresaran a cuentas bancarias controladas por la empresa. Las autoridades estadounidenses documentaron que estos fondos provenían de actividades del CJNG, utilizando la industria musical como vía para lavar dinero y darle apariencia legal dentro del sistema financiero.

La investigación que derivó en su señalamiento inició en 2003 y culminó en abril de 2018, cuando el Departamento del Tesoro lo incluyó como narcotraficante designado por facilitar el lavado de dinero del CJNG y su brazo financiero, Los Cuinis, a través de la empresa Gallística Diamante (Ticket Premier).

Las autoridades estadounidenses notificaron a Del Villar, Scalisi y otros ejecutivos sobre la inclusión de Pérez Alvear en la lista negra entre el 6 y 9 de abril de 2018. Poco después, agentes de la DEA entregaron personalmente una carta al cantante Gerardo Ortiz advirtiendo sobre la prohibición de colaborar con Pérez Alvear. Pese a la advertencia, los conciertos programados continuaron.

El 27 de abril de 2018, Ortiz se presentó en la Feria de Aguascalientes en un evento gestionado por Pérez Alvear. Las ganancias derivadas de presentaciones entre septiembre de 2018 y enero de 2019 se depositaron en una cuenta bancaria de la empresa Del Melodía, bajo control exclusivo de Scalisi.

El acuerdo judicial indica que estos depósitos sumaron 2,700,000 pesos (492,632 dólares). Del Entertainment se quedaba con el 30%, Ortiz con el 70% y Pérez Alvear recibía un 5% de comisión descontado previamente. Scalisi confirmaba cada depósito a partir de los recibos que le enviaban desde Del Entertainment.

¿Qué pasó con los otros implicados?

Mientras Scalisi optó por negociar con la fiscalía, Del Villar tomó el camino opuesto. Prefirió ir a juicio antes que firmar un acuerdo. El 27 de marzo de 2025, tras un proceso de nueve días, un jurado en California lo encontró culpable de un cargo de conspiración y 10 cargos adicionales por violaciones directas a la Ley Kingpin.

La jueza Frimpong lo sentenció el 15 de agosto de 2025 a cuatro años de prisión federal y una multa de 2 millones de dólares. Del Villar se entregó a las autoridades el 1 de diciembre de 2025. Ese mismo día, la jueza impuso a Del Entertainment Inc. tres años de libertad condicional y 1.8 millones de dólares en multas.

Al salir de la audiencia en que fue declarado culpable, con el jurado todavía en la sala, Del Villar declaró a los medios: “Prefiero mil veces estar sentado en una reja, en mi casa, que ser como informante del gobierno. Yo quería llegar al juicio, yo sí vine a confrontar esto. No me senté a negociar o a firmar para no enfrentar las consecuencias”.

La referencia era directa a Gerardo Ortiz, el testigo estrella del juicio. En dos días de testimonios, Ortiz declaró que Del Villar lo engañó para que acudiera al concierto de Aguascalientes organizado por Pérez Alvear, ya designado por el Departamento del Tesoro.

También declaró que había visto a Pérez Alvear en las oficinas de Del Records en Los Ángeles en múltiples ocasiones, donde el promotor reclutaba bandas para shows en México. Durante el proceso, Ortiz también mencionó que Del Villar le aseguró que otros artistas habían recibido advertencias similares del FBI, entre ellos Alejandro Fernández.

Ortiz fue procesado en un expediente separado. En noviembre de 2025 recibió tres años de libertad supervisada. En abril de 2026, la jueza Frimpong le fijó una multa de 1.5 millones de dólares. La defensa había solicitado reducirla a 200 mil dólares alegando dificultades económicas y problemas migratorios; el tribunal desestimó el argumento, aunque accedió a flexibilizar los plazos de pago. Fuera de la audiencia, Ortiz declaró: “No era lo que esperaba, pero hay que seguir adelante, ¿no? Con los proyectos, con la música, que es lo más importante”.

Pérez Alvear también se había declarado culpable, pero fue asesinado en diciembre de 2024 en un restaurante de la zona de Polanco, en la Ciudad de México, antes de ser sentenciado.