De denuncias en Sinaloa a una acusación de EEUU: cronología de los señalamientos contra Rocha Moya por presuntos nexos con el narco

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de, presuntamente, colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones de narcotráfico, recibir apoyo político y permitir la designación de funcionarios afines en áreas del gobierno estatal, de acuerdo con fiscales del Distrito Sur de Nueva York.

El señalamiento se presentó este miércoles 29 de abril y, minutos después, el mandatario rechazó categóricamente al afirmar que carece de sustento.

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

2021: La elección que quedó bajo sospecha

Tras el triunfo electoral de Rocha Moya en la elección para gobernador de Sinaloa —en junio de 2021—, comenzaron a surgir señalamientos políticos sobre una posible intervención de grupos criminales en el proceso. Aunque en ese momento no existieron denuncias penales directas contra el mandatario, actores de oposición y analistas señalaron presuntas presiones territoriales y actos de intimidación en distintas regiones del estado durante la jornada electoral.

Esos cuestionamientos volvieron al debate público en 2026, cuando fiscales estadounidenses retomaron tales versiones en su acusación formal al sostener que operadores vinculados a la facción de “Los Chapitos” intimidaron a rivales políticos para favorecer su llegada al poder.

2023 y 2024: La violencia alimentó las acusaciones de permisividad

Conforme avanzó su administración y se recrudeció la violencia en distintas regiones de Sinaloa —particularmente en zonas serranas y en el área de Culiacán—, aumentaron también las críticas contra la estrategia de seguridad del gobierno estatal.

Opositores, especialistas y actores políticos comenzaron a acusar a la administración de Rocha Moya de mantener una actitud permisiva frente a determinadas facciones del crimen organizado, particularmente ante el incremento de homicidios, desplazamientos forzados y enfrentamientos armados sin resultados visibles de contención.

Aunque esos señalamientos permanecieron en el terreno político y mediático, contribuyeron a consolidar la percepción pública de una presunta cercanía entre autoridades estatales y grupos criminales.

Julio de 2024: El caso “Mayo” Zambada reactivó la presión

El secuestro y posterior entrega a autoridades estadounidenses de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurridos el 25 de julio de 2024, detonaron una nueva ola de cuestionamientos hacia Rocha Moya.

Tras ese episodio, organizaciones civiles y asociaciones de abogados solicitaron investigar al gobernador por su posible relación con hechos ocurridos ese mismo día, señalando presuntas irregularidades en sus actividades y desplazamientos durante la jornada.

Aunque no se presentaron pruebas públicas directas que vincularan al mandatario con el caso, el episodio elevó la presión política y mediática sobre su administración y reactivó las exigencias de una investigación formal sobre sus posibles nexos con el crimen organizado.

Febrero de 2026: Presentan denuncia penal en México

El 18 de febrero de 2026 se formalizó el primer señalamiento penal contra Rocha Moya en territorio mexicano. Ese día, asociaciones y barras de abogados presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunta delincuencia organizada, encubrimiento y uso indebido del servicio público.

Los denunciantes solicitaron a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada abrir una investigación sobre la posible relación del gobernador con estructuras criminales que operan en Sinaloa.

Aunque la denuncia no derivó de inmediato en acciones penales, representó el primer intento formal de llevar los señalamientos contra el mandatario al ámbito ministerial.

Abril de 2026: EEUU escala el caso con una acusación formal

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la acusación más severa hasta ahora contra el gobernador sinaloense desde el inicio de su administración.

Fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York señalaron a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para proteger operaciones de narcotráfico, facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense y recibir sobornos a cambio de apoyo institucional.

La acusación también sostiene que, tras asumir el poder, el mandatario habría colocado en puestos clave a funcionarios alineados con intereses criminales como parte de acuerdos previos con la organización delictiva.

Rocha niega y México frena acción inmediata

Tras la publicación de la acusación, Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” los señalamientos formulados en su contra y sostuvo que carecen de veracidad.

Posteriormente, el gobierno federal informó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por Estados Unidos no incluía pruebas suficientes para ejecutar una acción inmediata en México conforme al tratado bilateral vigente.

La Fiscalía General de la República anunció la revisión del expediente, mientras el mandatario permanece en funciones y sin cargos penales en territorio mexicano hasta este 30 de abril de 2026.

Presidenta Sheinbaum: “No vamos a encubrir a nadie”

Durante ‘La Mañanera’ de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, en caso de que la Fiscalía General de la República reciba pruebas “claras y contundentes” de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa —y otros funcionarios señalados—, se abrirán investigaciones y se procederá conforme a derecho en México.

La mandataria sostuvo que su gobierno no encubrirá a nadie que haya cometido un delito, pero advirtió que, sin elementos probatorios sólidos, las acusaciones se inscriben en un contexto político y rechazó cualquier forma de injerencia extranjera en asuntos internos.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, dijo Sheinbaum en Palacio Nacional.