Dos muertos y seis heridos graves en Chiapas tras enfrentamiento entre civiles y presuntos sicarios lVideo

Un enfrentamiento prolongado entre comuneros, paramilitares y presuntos criminales en la zona limítrofe de los municipios Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza ha dejado al menos dos personas muertas y seis heridos de gravedad, de acuerdo con versiones locales. La confrontación estalla tras semanas de tensión social y acusaciones por omisión de las autoridades ante denuncias previas que advertían el riesgo de violencia en esta región de Chiapas.

La situación se agrava la tarde del viernes, cuando sujetos armados, señalados como miembros de una célula delictiva y desplazándose en camionetas blancas polarizadas, abren fuego contra integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP). La agresión ocurre en un punto de protesta en las vías de acceso a Venustiano Carranza, donde los comuneros bloqueaban el paso en demanda de atención estatal. Pobladores afirman que los agresores son conocidos en la región como “paramilitares de la ASBALL” y viajan en vehículos similares a los usados por agentes policiacos.

Testigos relatan que el primer ataque sucede en Nicolás Ruiz, donde sujetos armados, provenientes presuntamente del ejido Nuevo León, municipio de Teopisca, disparan contra un punto de control comunitario. Algunos pobladores aseguran que dos comuneros mueren durante esta emboscada y otros dos resultan heridos. Los responsables se trasladan después hacia Venustiano Carranza, donde enfrentan un bloqueo de la OCEZ-CP y se produce otro tiroteo.

Al menos dos muertos confirmados y seis heridos tras horas de intercambio de disparos

Hasta el cierre del viernes, las autoridades estatales reconocen una cifra preliminar de dos personas muertas y seis lesionados trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social Rural en Venustiano Carranza. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informa que cuatro de los heridos permanecen estables, y dos reciben atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones. Sin embargo, algunos testimonios recabados entre los habitantes hablan de hasta diez fallecidos, entre ellos seis presuntos atacantes y cuatro comuneros. La Fiscalía General del Estado ha iniciado diligencias, pero aún no presenta un recuento definitivo de víctimas.

La balacera, que se extiende durante varias horas, mantiene aterrorizados a los habitantes de ambas localidades. Algunos vecinos documentan el tiroteo en videos que circulan en redes sociales y transmiten llamados de auxilio por aplicaciones de mensajería. En las imágenes aparecen cuerpos tendidos y grupos de personas armadas; las autoridades aún no avalan la autenticidad de las grabaciones.

Pobladores acusan complicidad oficial y operación de grupos armados

La reacción oficial llega tras varias horas de tiroteo y solo después de que la situación escala más allá del control comunitario. Elementos de los tres niveles de gobierno, entre ellos la Guardia Nacional y la VII Región Militar, realizan un operativo especial en la zona. Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad del Pueblo sobrevuela el área para tratar de disuadir nuevos actos de violencia.

En un comunicado oficial, las autoridades aseguran que buscan “restablecer el orden, proteger la integridad de las familias y prevenir nuevos incidentes”. Como parte de la respuesta se instala una mesa de trabajo permanente con funcionarios de seguridad y salud para coordinar la atención a los afectados y reforzar la presencia estatal en la zona.

A pesar del operativo, persiste la indignación social. Los habitantes de Nicolás Ruiz y Carranza acusan que el ataque ocurre porque las autoridades desoyeron reiterados llamados de alerta. En particular, los comuneros sostienen que grupos armados operan con impunidad y que las agresiones forman parte de una estrategia para acallar la protesta social. Una versión predominante sostiene que, aunque se les identifica en redes como “narcos”, en la zona es conocido que estos grupos responden a lineamientos paramilitares asociados a intereses gubernamentales y a enfrentamientos previos por el control del territorio.

Protesta y represión: comuneros denuncian violencia estructural

El contexto inmediato del enfrentamiento es una protesta mantenida por la OCEZ-CP contra acciones de la Alianza San Bartolomé de los Llanos (ASBALL). La organización campesina rechaza el “brecheo” —actividad de apertura de caminos de forma irregular— e interpone bloqueos en caminos estratégicos para exigir intervención de las autoridades. Pobladores sostienen que la protesta, que se mantenía desde la mañana, es criminalizada por medios estatales y que la mesa de diálogo instalada por el gobierno solo protege los intereses de la ASBALL.

Durante la agresión, videos difundidos muestran que varios comuneros se defienden con piedras, palos, machetes o rifles de caza, mientras los atacantes emplean armas de alto poder. Algunos testimonios subrayan que la desigualdad de fuerzas revela el carácter represivo de la acción y la determinación de la población. En palabras de un comunero, “mientras los paramilitares traían cuernos de chivo, nosotros solo teníamos lo que podíamos agarrar”.

Recuento de fallecidos podría aumentar, tensión persiste en la región

Hasta la actualización más reciente, se mantienen reportes cruzados que varían entre dos y diez muertos y más de una decena de heridos. El saldo oficial se mantiene en revisión por parte de la Fiscalía General del Estado, mientras nuevas diligencias se desarrollan en la zona. Pobladores y organizaciones atribuyen la responsabilidad de la violencia a la omisión estatal y advierten que la crisis puede prolongarse si no se atienden las causas originales del conflicto.

• Al menos dos muertos y seis heridos tras balaceras entre comuneros y presuntos paramilitares en Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, Chiapas.
• Comuneros acusan que el ataque es represivo y resultado de la permisividad de autoridades ante operaciones de grupos armados asociados a intereses gubernamentales.
• El saldo preliminar de víctimas podría aumentar conforme avanzan las investigaciones; la respuesta oficial llega tras horas de balacera y nuevas denuncias sociales.