La reciente captura en Argentina del contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna marcó la persecución de uno de los señalados dentro de una de las investigaciones más complejas contra el tráfico ilícito de hidrocarburos en la historia de México.
El caso, que ha involucrado a altos mandos navales, empresarios y funcionarios aduanales, ha expuesto los alcances del denominado huachicol fiscal, una modalidad de contrabando que drenó miles de millones de pesos al erario nacional y derivó en asesinatos, fugas y un operativo internacional para desarticular la red.
Esta es una cronología de los hechos que permiten entender el entramado de corrupción y crimen organizado que sacudió a la Marina y a las instituciones de seguridad mexicanas.
Asesinatos, denuncias y el inicio del caso
En noviembre de 2021, el asesinato de Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, detonó las primeras investigaciones sobre redes de tráfico de combustibles entre Texas y Tamaulipas.
De acuerdo con declaraciones realizadas por las periodistas María Idalia Gómez y Anabel Hernández, el homicidio de Carmona y su colaboración previa con la DEA precipitaron la apertura de expedientes que, años después, derivarían en procesos judiciales contra empresarios, marinos y operadores financieros, aunque de forma oficial las autoridades no han reconocido esto.
La versión oficial iniciaría entonces en junio de 2024, cuando el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar denunció formalmente ante el entonces titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, la existencia de una red de huachicol fiscal encabezada por los hermanos Farías Laguna.
La denuncia quedó documentada en un audio y en una carta manuscrita, y mencionaba presiones internas, sobornos y movimientos de personal para proteger la operación ilícita en las aduanas marítimas.
Sin embargo, Guerrero Alcántar fue asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, bajo un modus operandi idéntico al crimen de la funcionaria de la FGR Magaly Janet Nava Ramos, ejecutada semanas antes en la misma región.
Ambos asesinatos fueron atribuidos a sicarios en motocicleta y armas calibre 9 mm, elementos que la Fiscalía General de la República (FGR) consideró clave para vincular los casos.
El decomiso clave y el descubrimiento de la red
El 31 de marzo de 2025, la Secretaría de Marina, la FGR a través de la FEMDO, la SSPC, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo en el puerto de Tampico, Tamaulipas, que resultó en el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel de contrabando, el mayor decomiso en la historia reciente de México.
Según se documentó, el buque Challenge Procyan arribó el 19 de marzo con documentación falsa, simulando transportar aditivos para aceites. En el aseguramiento se incautaron dos armas cortas con cargadores abastecidos, 84 cartuchos de diferentes calibres y documentación diversa.
Además del buque y el hidrocarburo, se aseguraron 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque, seis tractocamiones sin remolque, tres camionetas pick-up, equipos de cómputo y documentación diversa en predios de Altamira, específicamente en Camino Antiguo a Medrano y en el Libramiento en el Ejido Ricardo Flores Magón.
Este golpe permitió a las autoridades federales establecer vínculos directos entre el contrabando, la estructura de mando en la Marina y empresarios beneficiados por el esquema.
Primeras detenciones
El 7 de septiembre de 2025, fue detenido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano de Fernando, junto a otros 13 implicados, incluyendo tres empresarios, seis marinos (uno en retiro) y cinco funcionarios aduanales.
La investigación reveló el uso sistemático de documentos apócrifos y empresas fachada para introducir hidrocarburos al país, evadiendo impuestos y generando ganancias millonarias para la organización criminal conocida como “Los Primos”.
El entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero vinculó este caso con otro decomiso realizado en marzo de ese año, donde se aseguraron 8 millones de litros de combustible en Ensenada, Baja California, mostrando el alcance nacional de la operación.
Las pesquisas, apoyadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectaron gastos de lujo y adquisiciones incongruentes con el perfil económico de los implicados, lo que permitió robustecer la acusación por crimen organizado y corrupción.
Fugas, operativos internacionales y la caída de Fernando Farías Laguna
Tras el aseguramiento en Tampico y las detenciones de septiembre, se intensificó la búsqueda internacional de Fernando Farías Laguna, quien había salido de México en agosto de 2024 rumbo a Florida, Estados Unidos, y nunca registró su retorno.
En septiembre de 2025, obtuvo una suspensión definitiva que impedía su captura, pero el 2 de octubre la medida fue revocada y se liberó una orden de aprehensión en su contra. Para entonces, la ficha roja de Interpol ya permitía su búsqueda en 192 países.
El 1 abril de 2026, Farías Laguna ingresó a Argentina procedente de Colombia, utilizando un pasaporte guatemalteco falso a nombre de Luis Lemus Ramos.
El documento, presentado por las autoridades argentinas, estaba registrado bajo el número 4207 74378 0208, con fecha de nacimiento 14 de octubre de 1980, nacionalidad GTM y una fotografía tipo carnet donde el contralmirante aparecía con barba abundante y cabello oscuro corto. El DPI guatemalteco, con chip electrónico dorado, fue pieza clave para identificar la identidad falsa.
De acuerdo con información de Milenio, Farías Laguna se alojó en un Airbnb lujoso en el barrio de Palermo, a solo 2.9 kilómetros de la embajada de México en Argentina.
Su localización y detención se realizó este jueves 23 de abril de 2026 en la vía pública, en la intersección de las calles Guatemala y Juan B. Justo, por la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional y en coordinación con la Dirección General de Cooperación Internacional, INTERPOL, la Secretaría de Marina, la FGR, la SSPC y Interpol México.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó la detención y la colaboración internacional para lograr el arresto con fines de extradición. En sus declaraciones, Monteoliva enfatizó: “Argentina no es refugio de criminales. El que las hace, las paga”.
La defensa legal del contralmirante, el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, informó que ni los abogados ni la familia habían recibido notificación oficial de la detención en Argentina, y exigieron que cualquier procedimiento se realice con apego irrestricto a la ley y respeto a los derechos humanos y procesales de su representado, tanto en territorio nacional como internacional.
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