La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México aprobó una iniciativa para tipificar el nepotismo como falta administrativa grave, lo que permitirá sancionar con mayor rigor a las y los servidores públicos que incurran en esta práctica.
El dictamen establece que quienes designen, nombren o intervengan en contrataciones dentro del ente público donde laboran, favoreciendo a personas con las que tengan vínculos familiares, podrán ser sancionados con destitución e inhabilitación de hasta 20 años o más, dependiendo de la gravedad del caso.
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¿Qué se considera nepotismo según la iniciativa?
De acuerdo con el proyecto legislativo, incurrirán en nepotismo las personas servidoras públicas que utilicen sus atribuciones para beneficiar a familiares por consanguinidad hasta el cuarto grado, por afinidad hasta el segundo grado, o por vínculos de matrimonio o concubinato.
Esto incluye relaciones directas como madres, padres, hijas, hijos, hermanas y hermanos, así como otros familiares cercanos como sobrinas, sobrinos, abuelas, abuelos y nietas o nietos. En cuanto a la afinidad, también se contemplan suegras, suegros, cuñadas, cuñados, yernos y nueras, entre otros.
La iniciativa subraya que estas prácticas podrán configurarse tanto en contrataciones de personal de confianza, de estructura, de base o incluso bajo esquemas de honorarios, siempre que exista intervención directa o indirecta del servidor público.
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Reforma busca cerrar vacíos legales
El diputado José Miguel Gutiérrez Morales, impulsor de la propuesta, explicó que el objetivo es homologar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios con la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal.
Recordó que el nepotismo ya estaba contemplado desde 1990; sin embargo, tras las reformas de 2017, quedó diluido dentro del concepto de “conflicto de intereses”, lo que dificultaba su sanción directa.
Con esta modificación, se busca que el nepotismo tenga una tipificación clara y específica, facilitando su identificación y castigo dentro del marco legal.
Legisladores piden sanciones ejemplares
Durante la discusión, legisladores coincidieron en la necesidad de erradicar esta práctica en la administración pública. El diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo señaló que la ciudadanía ya no tolera que familiares de funcionarios ocupen cargos públicos sin mérito, por lo que urgió a aplicar sanciones contundentes.
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Por su parte, el legislador Octavio Martínez Vargas destacó que la iniciativa fue modificada para elevar el nepotismo de falta no grave a falta grave, lo que permite imponer sanciones más severas, incluso superiores a los 20 años de inhabilitación.
Además, criticó al Tribunal de Justicia Administrativa por no haber sancionado faltas graves desde las reformas de 2017, pese a contar con un presupuesto considerable.
En tanto, la diputada Yesica Yanet Rojas Hernández subrayó que la administración pública debe ser un instrumento para generar políticas públicas en beneficio de la población, y no un medio para favorecer intereses familiares.
Sanciones previstas por la ley
Conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, las sanciones por faltas graves incluyen:
- Suspensión del cargo sin goce de sueldo de 30 a 90 días
- Destitución del empleo, cargo o comisión
- Sanciones económicas de hasta el doble del beneficio obtenido
- Inhabilitación temporal de uno a 20 años, dependiendo del daño causado
En casos donde no exista daño económico, la inhabilitación puede ir de tres meses a un año. Asimismo, el Tribunal de Justicia Administrativa podrá imponer una o más sanciones de manera simultánea, según la gravedad de la conducta.
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El proyecto también contempla la posibilidad de dictar medidas de no repetición para evitar futuras violaciones, así como la obligación de reparar daños causados a la Hacienda Pública estatal o municipal.
En estos casos, se podrá exigir el pago de indemnizaciones y establecer responsabilidad solidaria para quienes hayan obtenido beneficios indebidos.
Alineación con principios de gobierno
Durante la sesión, presidida por la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio, se destacó que la iniciativa está alineada con los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción promovidos por la actual administración estatal.
Los legisladores coincidieron en que esta reforma representa un paso importante para fortalecer la ética en el servicio público y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
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Con esta aprobación en comisiones, el dictamen será turnado al pleno del Congreso mexiquense para su eventual discusión y votación, donde se definirá su entrada en vigor y aplicación en todo el Estado de México.
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