El caso de Diego Fernando Bonilla, indígena Ñuhü y hablante de la lengua otomí, expone la persistencia de la tortura y las violaciones a los derechos humanos en Veracruz. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) ha dirigido una recomendación a la Fiscalía General del Estado después de acreditar que policías ministeriales torturaron a Bonilla, quien fue testigo de un homicidio en mayo de 2023 en El Pericón de Texcatepec.
La intervención de la Policía Ministerial se produjo cuando Diego Fernando acudió a declarar sobre los hechos. Durante el interrogatorio, fue sometido a tortura con el propósito de que incriminara a un tercero como presunto responsable. A pesar de su negativa a señalar a quien no había visto cometer el delito, los agentes manipularon su testimonio y lo obligaron a firmar documentos en blanco que luego se utilizaron para fabricar una declaración falsa. Aquella declaración fue la base para detener a una persona a la que Diego Fernando nunca había acusado.
El proceso estuvo marcado por la falta de perspectiva cultural. El testimonio de Diego Fernando fue traducido sin respeto a su lengua ni a su versión de los hechos, y la intérprete presente no pudo garantizar la protección de sus derechos lingüísticos. Esta situación dejó en evidencia la vulnerabilidad de las personas indígenas ante los sistemas de justicia que no consideran sus particularidades culturales.
Con el respaldo de Radio Huayacotla, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte, Diego Fernando denunció la tortura sufrida durante su declaración. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación, pero la autoridad no avanzó en las diligencias y terminó cerrando el expediente en mayo de 2023, pese a la gravedad de las acusaciones.
La recomendación 17/2026 emitida por la CEDHV, el 16 de abril de este año, documentó que Diego Fernando fue privado arbitrariamente de la libertad y sometido a tortura, conforme al Protocolo de Estambul. Además, reconoció que la Fiscalía Especializada incumplió su deber de investigar los hechos de manera adecuada.
Reclamaciones de justicia y exigencias institucionales
Las organizaciones que acompañan a Diego Fernando demandan al Poder Judicial de Veracruz la reapertura de la carpeta de investigación y exigen a la Fiscalía que realice sus investigaciones con perspectiva cultural y de derechos humanos. Sostienen que el caso ejemplifica la necesidad de erradicar la tortura y la fabricación de pruebas, especialmente cuando afecta a personas indígenas.
La CEDHV recomendó medidas concretas: reparación integral del daño, atención médica y psicológica con enfoque intercultural, investigación efectiva de los policías ministeriales involucrados, y capacitación institucional en derechos de los pueblos indígenas.
Veracruz, la tortura y la deuda con las comunidades indígenas
Veracruz ocupa un lugar destacado en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), al situarse en el segundo puesto nacional por investigaciones y en el primero por número de víctimas, con 4,813 personas afectadas entre 2019 y 2025.
La Policía Ministerial aparece reiteradamente señalada en los expedientes, mientras que las comunidades indígenas se encuentran entre las más vulnerables frente a estas prácticas.
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