En medio de la vorágine informativa que rodea el feminicidio de Edith Guadalupe, ocurrido en el edificio de Revolución 829 en la Ciudad de México, un nuevo frente se abrió a nivel internacional: la Corte Suprema de Justicia de Paraguay tuvo que salir a desmentir públicamente las versiones que circulan en redes sociales sobre uno de sus juzgadores.
El señalado es Humberto Otazú, Juez Penal de Garantías de Delitos Económicos en el país sudamericano, cuya identidad fue vinculada en plataformas digitales con un hombre captado en video presuntamente acosando a una joven dentro de un elevador del inmueble donde fue asesinada Edith.
¿Qué dijo el juez Otazú?
A través de los canales oficiales de la Corte paraguaya, Otazú ofreció un pronunciamiento contundente:
- Negó rotundamente haber salido de Paraguay durante las fechas en cuestión.
- Aseguró que el Poder Judicial de su país cuenta con pruebas de que estuvo trabajando en Paraguay entre el 15 y el 17 de abril.
- Rechazó cualquier vínculo con el presunto acoso en el elevador, con la trata de personas y con el feminicidio de la joven de 21 años.
- Calificó las publicaciones en su contra como “terrorismo mediático”, término que usó para describir la campaña de señalamientos en su contra.
“Categóricamente niego todas esas publicaciones. No entiendo cómo se dan estas circunstancias, más que utilizar un término contundente: para mí sería un terrorismo mediático”, declaró el juzgador.
Un error que llama la atención
Durante su declaración, el juez Otazú confundió la alcaldía Benito Juárez —donde se ubica el edificio de Revolución 829— con Ciudad Juárez, ciudad ubicada en el norte de México y con un contexto completamente distinto. El desliz no pasó desapercibido, aunque no modifica el fondo de su desmentido.
El contexto del caso
El feminicidio de Edith Guadalupe, de 21 años, conmocionó a México tras confirmarse que la joven fue privada de la vida el 15 de abril dentro del edificio de avenida Revolución 829, al que acudió presuntamente a una entrevista de trabajo.
Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) apuntan a Juan Jesús “N”, vigilante del inmueble, como presunto responsable. Además, hay una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía de Trata de Personas para determinar si existían otras actividades delictivas en el lugar.
La difusión masiva e indiscriminada de información —y en este caso, de identidades erróneas— a través de redes sociales pone sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad en el uso de plataformas digitales en casos de alto impacto mediático.
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