La Secretaría de las Mujeres y el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) pusieron en marcha un programa focalizado en 50 municipios, con el objetivo de erradicar el embarazo infantil y las uniones forzadas en México. El modelo utiliza recursos del Fondo para el Bienestar de las Mujeres, y estableció como meta eliminar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años para el año 2030, así como reducirlos a la mitad en adolescentes.
El Gobierno federal definió que la protección de las infancias sería un mandato central durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. La estrategia parte de una premisa institucional: el embarazo en niñas de 10 a 14 años es resultado del abuso sexual.
En la mayoría de los casos, las niñas embarazadas tuvieron una relación con personas adultas. La intervención prioriza los municipios con mayor incidencia de violencia sexual, como Guerrero, que encabezó la lista con 11 municipios, seguido de Chiapas, Chihuahua, Estado de México y Oaxaca con cinco cada uno.
El embarazo infantil es considerado consecuencia del abuso sexual
El Gobierno de México sostiene que ninguna niña de 10 a 14 años decidió embarazarse por voluntad propia. Los datos oficiales indican que los embarazos en este grupo de edad derivaron de abuso sexual, lo que motivó la intervención directa en las zonas de mayor vulnerabilidad. La coordinación con fiscalías, escuelas y sector salud se ha reforzado para evitar la impunidad y garantizar la protección de las niñas.
La focalización de los 50 municipios se basa en un análisis técnico que identificó los territorios con más casos de violencia sexual, embarazos en menores de 14 años y uniones forzadas. En entidades como Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Veracruz se incluyeron dos municipios prioritarios cada uno.
Se ejecutó una intervención integral en municipios de alta incidencia
Las acciones institucionales buscan transformar la convivencia social con un enfoque integral. El programa incluye el fortalecimiento de la coordinación entre autoridades locales, la exigencia de sanción al abuso sexual, el impulso de la armonización de los códigos penales estatales y el diálogo directo con comunidades, docentes y familias.
La estrategia prioriza la erradicación de la normalización de las uniones forzadas, bajo el principio de que la ley se impone sobre cualquier costumbre que atente contra la dignidad o la libertad de las niñas. El objetivo fue garantizar que ningún caso quedara sin atención ni sanción.
Cambió la coordinación nacional para la protección de las infancias
La Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras forma parte de la Fase III de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, coordinada por el Consejo Nacional de Población y articulada por el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. El trabajo interinstitucional involucra a 36 entidades públicas, sociedad civil, academia y organismos internacionales.
La intervención se concentra en establecer un diálogo efectivo en los territorios y asegurar la reparación integral de los derechos de las niñas. El Gobierno federal reiteró su compromiso de combatir las violencias normalizadas y proteger los proyectos de vida de las infancias y adolescencias, con la meta de erradicar los nacimientos en niñas menores de 15 años y reducirlos al 50 por ciento en adolescentes.
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