
Giovana Lozano Hernández, mexicana de 27 años de edad, será enviada a una prisión federal en los Estados Unidos por formar parte de una red de tráfico de personas en la frontera.
La mujer, residente irregular en Laredo, Texas, fue condenada a 70 meses de cárcel tras admitir su papel como administradora financiera de una organización dedicada al contrabando de inmigrantes vinculada con el Cártel del Noreste.
Las autoridades estadounidenses atribuyeron a Lozano Hernández la gestión de las finanzas y la contabilidad de la red, en colaboración estrecha con su esposo, Danny Núñez.
Según la investigación, la pareja actuó como enlace directo con el Cártel del Noreste, facilitando el traslado de más de mil 900 migrantes y generando cuantiosas ganancias ilícitas tanto para el grupo criminal como para ellos mismos.
Durante el proceso judicial, el tribunal resaltó la magnitud de la operación y la responsabilidad asumida por Hernández dentro de la estructura. “El tribunal destacó la importante responsabilidad que tenía en la organización”, remarcó el juez John A. Kazen al dictar sentencia.
El funcionamiento de la red y el papel de los implicados

El grupo operaba como un centro logístico que ofrecía alojamiento y transporte a migrantes indocumentados recién cruzados al lado estadounidense. Las pruebas presentadas en la audiencia incluyeron registros de contabilidad, teléfonos móviles y mensajes de voz que detallaban las rutas, el alojamiento y el flujo de dinero generado por cada traslado.
La investigación permitió documentar operaciones que se remontan a marzo de 2023. En uno de los episodios más alarmantes, agentes federales localizaron en diciembre de ese año un remolque blanco con 101 personas en su interior, incluidos 12 menores no acompañados. Parte de los migrantes relataron que experimentaron serias dificultades para respirar y temieron por su vida debido a las condiciones del vehículo.
Descubrimientos en la vivienda y pruebas materiales
Las autoridades realizaron un registro en la residencia de la pareja, donde hallaron más de 36 mil dólares en efectivo, teléfonos celulares, libros de contabilidad y dos migrantes indocumentados. Además, se incautaron imágenes digitales que documentaban tanto los registros financieros como la presencia de personas alojadas en el inmueble.
Los mensajes de voz recopilados demostraron la coordinación constante entre la mujer y otros miembros de la red para organizar el transporte y rendir cuentas del dinero recibido.
Condena y futuro de los implicados

Mientras que Danny Núñez recibió una condena de 10 años de prisión federal el pasado mes de enero, Giovana Lozano Hernández permanecerá bajo custodia hasta ser trasladada a una prisión federal, cuyo destino está aún por definirse. Tras el cumplimiento de la pena, se prevé que enfrente un proceso de deportación, al no contar con ciudadanía estadounidense.
El caso fue investigado por las agencias federales y estatales, entre ellas ICE, el FBI, la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, con el apoyo del Departamento de Policía de Laredo.
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