Un defensor de derechos humanos y del territorio fue detenido arbitrariamente este 6 de abril de 2026 en Tonalá, Jalisco, a pesar de contar con una protección legal federal vigente. Se trata de Sergio Daniel Oceransky Losana, integrante de la Fundación Yansa y acompañante de comunidades en defensa de los bosques y los derechos de los pueblos originarios en Yucatán.
La detención fue ejecutada por elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en el marco de una audiencia inicial derivada de una carpeta de investigación abierta en su contra. El problema: Sergio contaba con el amparo No. 566/2026, otorgado por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, y con una suspensión emitida por un juez federal que le impedía ser detenido. Ambas protecciones fueron ignoradas.
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Un patrón de hostigamiento previo a la detención
La detención de Oceransky no ocurrió de forma aislada. Antes del arresto, el defensor ya había sido objeto de:
- Campañas de desprestigio en su contra
- Amenazas directas, incluso contra su vida
- La existencia de una orden de aprehensión de la que tuvo conocimiento precisamente a través del proceso de amparo
Este contexto refuerza lo que múltiples organizaciones civiles señalan como una estrategia de criminalización de la defensa del territorio, donde el sistema penal se utiliza como herramienta para silenciar a quienes protegen el medio ambiente y los derechos de comunidades indígenas.
Sociedad civil exige garantías y respuesta inmediata
Más de una decena de organizaciones de derechos humanos suscribieron un comunicado conjunto en el que condenan la detención y señalan directamente al Juzgado Décimo Primero en Materia Penal con sede en Puente Grande y a la Fiscalía de Jalisco por actuar en contravención de resoluciones judiciales federales.
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Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el IMDEC, el CEPAD AC y el Espacio OSC, entre otras.
Sus exigencias son claras:
- Libertad inmediata de Sergio Oceransky y respeto al debido proceso
- Garantías de integridad física y emocional durante su detención
- Intervención urgente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco para verificar su paradero y condiciones de salud
- Que las autoridades actúen conforme a derecho
Un caso que refleja un riesgo estructural
Lo ocurrido con Sergio Oceransky se inscribe en un contexto nacional de riesgo creciente para personas defensoras del medio ambiente y el territorio. México figura entre los países con más defensores ambientales asesinados o criminalizados en América Latina, y casos como este evidencian que la protección legal formal no siempre es suficiente frente a la actuación de autoridades que la eluden.
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Las organizaciones firmantes concluyen con un mensaje contundente: defender el medio ambiente y el territorio no es delito.
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