
Lo que empezó como un tema del mundo del entretenimiento, ha terminado por colarse en la agenda legislativa. Tras la propuesta impulsada en Michoacán, Oaxaca también se ha sumado a la búsqueda de la implementación de la llamada “Ley Cazzu”.
Detrás de la iniciativa hay una realidad que se repite en miles de familias: madres —y en menor medida padres— que, aun teniendo la custodia, se topan con negativas que complican desde sacar un pasaporte a sus hijos hasta salir del país. El caso de Cazzu y Christian Nodal solo puso reflectores a un problema que ya existía.
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¿De qué trata la Ley Cazzu y qué propone en Oaxaca?
La diputada Concepción Rueda Gómez, de Morena, presentó la “Ley Cazzu” en el Congreso de Oaxaca con el objetivo de garantizar la movilidad de niñas, niños y adolescentes, y evitar que el consentimiento de uno de los progenitores se convierta en un mecanismo de bloqueo, chantaje o control que frene trámites esenciales como expedición de pasaportes, viajes dentro y fuera del país, o acceso a documentos de identidad.
La diputada Concepción Rueda Gómez propuso una iniciativa para frenar prácticas de violencia vicaria y garantizar la movilidad de menores. (Facebook)
La propuesta plantea adicionar el artículo 274 Bis al Código Familiar del Estado de Oaxaca. En caso de negativa injustificada, incumplimiento de obligaciones o conductas que obstaculicen los derechos de la niñez (como el abandono o la falta de pago de pensión alimenticia), la autoridad judicial podrá autorizar de inmediato los trámites o salidas correspondientes.
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La iniciativa subraya que muchas veces estas negativas se utilizan como chantaje para dañar a la madre (o el padre custodio) y a los menores, constituyendo una forma de violencia vicaria reconocida legalmente en Oaxaca desde 2024.
Rueda Gómez argumentó que este problema afecta especialmente a mujeres, quienes enfrentan procesos largos, costosos y revictimizantes para poder viajar con sus hijas e hijos, incluso cuando el otro progenitor incumple de manera reiterada con sus responsabilidades.
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“No es justo que un pasaporte, un trámite de identidad o un viaje dependa de quien no cumple, de quien no está o de quien simplemente se niega sin razón. Por eso, no solo afecta a las niñas, también es una forma de violencia hacia las mujeres”, enfatizó la legisladora en tribuna.
Michoacán y la ruta nacional de la Ley Cazzu

Oaxaca no es el único estado que avanza en este tema. En Michoacán, la diputada Sandra María Arreola Ruiz (PVEM) propuso una iniciativa similar que busca reformar el artículo cuarto de la Constitución Mexicana y armonizar la legislación a nivel nacional.
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La propuesta michoacana plantea la creación de procedimientos especiales y de baja carga probatoria para otorgar permisos de movilidad en casos de abandono parental, así como mecanismos ágiles para que la persona con guarda y custodia pueda obtener autorizaciones de movilidad nacional o internacional.
Ambas iniciativas reconocen el fenómeno social surgido a partir del caso de Cazzu y Nodal, y la problemática que enfrentan miles de familias mexicanas: más de once millones de madres solteras asumen solas el cuidado de sus hijos, y tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia.
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La “Ley Cazzu” ha sido bien recibida por organizaciones civiles y colectivos feministas, que insisten en la necesidad de mecanismos jurídicos rápidos, accesibles y con perspectiva de género e infancia para evitar la revictimización de quienes ya enfrentan abandono o violencia vicaria.
La “Ley Cazzu” en Oaxaca ya fue turnada a comisiones para su análisis y discusión, mientras el Congreso de Michoacán también avanza con su propuesta.
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De Argentina a México: el origen de la Ley Cazzu
El impacto de la “Ley Cazzu” en México tiene raíces en el fenómeno social y legal que se originó en Argentina, país natal de la cantante Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu.

La iniciativa surgió tras la batalla legal entre Cazzu y Christian Nodal por los permisos de viaje y la custodia de su hija Inti, cuando la cantante denunció públicamente los obstáculos legales y la negativa de su expareja para autorizar la salida de la menor del país. Su caso visibilizó una problemática común: el uso de trámites migratorios y judiciales como herramientas de control o castigo en contextos de divorcio, abandono o violencia vicaria.
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La repercusión fue tal que en Argentina se impulsó una petición ciudadana en Change.org para crear una “Ley Cazzu”, la cual superó rápidamente las 33 mil firmas bajo el lema “Libertad con nuestros hijos”. La propuesta buscaba facilitar la movilidad de menores ante la ausencia o el incumplimiento de uno de los padres, y generó un debate nacional sobre derechos de la infancia y violencia de género.
Ante esta ola de apoyo, la propia Cazzu reaccionó públicamente, expresando: “Me pone feliz que para algunos yo represente cosas buenas”, aunque también se mostró sorprendida por el alcance social y político de la iniciativa.
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“Cuando a mí me pasaron todas las cosas que me pasaron, yo siempre tomé la decisión de tener una posición política, en realidad. Nunca fue una posición como emocional”, dijo la artista.
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