REDIM condena allanamiento a Centro de Derechos Humanos Fray Matías en Chiapas

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) condenó los ataques a las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y advirtió sobre el riesgo que enfrenta el personal que integra la organización.

En un posicionamiento difundido este martes —a través de X—, la red subrayó que la falta de acción de las autoridades pone en peligro la labor de defensa de niñas, niños y adolescentes en movilidad, y llamó a garantizar la seguridad del equipo, investigar los hechos y asegurar condiciones para que puedan realizar su trabajo sin amenazas ni agresiones.

Este caso se desarrolla en un contexto de alta vulnerabilidad para defensores de derechos humanos en Chiapas. El Centro Fray Matías denunció que el pasado domingo 22 de marzo de 2026 sus oficinas fueron objeto de un segundo allanamiento y robo, con la intención de intimidar y obstruir su labor.

La organización afirmó que, pese a haber presentado una denuncia el 20 de marzo (fecha del primer allanamiento), y solicitar el resguardo de sus instalaciones, las autoridades de seguridad y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas no atendieron sus solicitudes, lo que derivó en este nuevo ataque.

Como consecuencia de estos hechos, el Centro Fray Matías anunció el cierre temporal de sus oficinas por primera vez en sus 29 años de operación, con impactos directos en las personas que acompañan en su labor. La organización responsabilizó de manera directa a las autoridades mencionadas por la repetición de los ataques y exigió medidas urgentes para resguardar a su equipo, instalaciones y equipos de trabajo.

Activistas hacen llamado al gobierno estatal

En su llamado, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías pidió a la Fiscalía General del Estado de Chiapas investigar de manera diligente los allanamientos y adoptar medidas inmediatas para proteger la integridad del personal. Asimismo, solicitó al Gobernador del Estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y al Estado mexicano asegurar condiciones que garanticen la seguridad de la organización y su labor. Finalmente, instó al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas a no ser omiso ante las solicitudes de protección y a generar rutas efectivas para garantizar la seguridad de quienes defienden derechos humanos en la región.