Piden incluir sanciones para autoridades omisas en nueva ley contra el feminicidio: “25% de los casos no se investigan como tal”

Irinea Buendía, defensora de derechos humanos, hizo un llamado a que en la inciativa Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de feminicidio, que presentó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, se incluyan snciones para las autoridades que cometan omisiones al investigar el asesinato de una mujer.

La activista señaló que como madre de una víctima de feminicidio considera que esto último es “la mejor forma de reivindicar a las víctimas y sus familiares”, al afirmar que para aplicar las leyes y evitar la impunidad se necesita voluntad política, personal capacitado y tener los recursos económicos suficientes para ello.

Recordó que en marzo del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en la Sentencia Mariana Lima Buendía, medida que derivó del asesinato de su hija, “que toda muerte violenta de una mujer debería investigarse como si se tratara de un feminicidio”, incluyendo los accidentes y suicidios.

Sin embargo, acusó que “desafortunadamente no fue así”, reprochando que “si desde entonces se hubiera acatado la sentencia se hubieran evitado cientos de feminicidios en México”.

Em este sentido, aseguró que los casos de feminicidio no han disminuido. Lo que sí ha disminuido son los asuntos que son investigados como tales, resaltando que de acuerdo con “distintas fuentes, apenas el 25% del total de los casos son investigados como feminicidios”.

Asimismo, destacó que la propuesta de Ley General debe considerar políticas publicas para la atención urgente de todos los huérfanos y huérfanas del feminicidio, que han sido los olvidados de esta tragedia social que estamos viviendo en México.

En el contexto de la discusión legislativa, Helena Monzón, hermana de la víctima Cecilia Monzón, valoró la presentación de la iniciativa al considerar que “el camino está más cerca que nunca”.

Monzón puntualizó que será necesario revisar el contenido técnico de la ley y asegurar que el interés superior de la infancia quede garantizado en la legislación.

La activista relató el caso de Marisela Escobedo, madre de una víctima de feminicidio, quien fue asesinada luego de la liberación del feminicida confeso de su hija y mientras buscaba justicia y la custodia de su nieta.

Monzón alertó sobre el riesgo que enfrentan los hijos e hijas de víctimas, quienes pueden quedar bajo la patria potestad de los responsables del feminicidio. Por ello, defendió la necesidad de nacionalizar la llamada Ley Monzón, vigente ya en 17 estados desde 2023, para suspender la patria potestad de los acusados al momento de su vinculación a proceso y revocarla tras la condena.

“Estamos exigiendo que #LeyMonzon sea nacional para suspender los derechos de patria potestad con la vinculación por feminicidio (y revocación con la condena) y que se garantice el interés superior de niñas y niños de todo México”, sostuvo Monzón.

En palabras de la activista, la revisión de la legislación debe garantizar mecanismos de protección integral para la infancia y asegurar que ninguna niña o niño quede bajo la tutela de un feminicida.

Monzón concluyó que las medidas propuestas por el gobierno federal representan un avance, aunque será imprescindible vigilar que se cumplan los estándares técnicos y de protección a la infancia.