La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que Belén Olvera Jiménez fue sancionada con una multa de 808 mil 248 pesos y con una inhabilitación de un año y seis meses para participar en procesos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.
A través de un comunicado, la dependencia informó que la decisión fue mediante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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De acuerdo la secretaría de Anticorrupción, esta sanción se deriva de la presentación de información falsa durante la vigencia de un pedido de medicamentos.
El caso se originó a partir del pedido número D2P0245, adjudicado el 25 de febrero de 2022, tras un procedimiento de Adjudicación Directa Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, identificado con el número AA-050GYR024-E63-2022.
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Durante la ejecución de este contrato, Belén Olvera Jiménez presentó cuatro certificados de análisis de producto terminado que no correspondían a la realidad, lo que constituyó una falta grave en los términos de la legislación vigente sobre adquisiciones públicas.
La sanción fue notificada el 9 de marzo de 2026 y publicada este 18 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, donde se estipula que Belén Olvera Jiménez quedó inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.
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De este modo, durante el período que dura la sanción, no tiene permitido participar en nuevas contrataciones con el Gobierno Federal.

La autoridad responsable señaló que la medida se determinó tras considerar la gravedad de la conducta y bajo los principios de legalidad y proporcionalidad.
Asimismo, recordó que la persona sancionada cuenta con el derecho de impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno defenderá la sanción argumentando que se apegó estrictamente a la normatividad y responde a la protección del interés público.
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La Secretaría reiteró su compromiso con la integridad y la transparencia en los procesos de compras públicas. Sostuvo que engañar en la gestión de contratos públicos genera consecuencias directas y forma parte de una política de cero tolerancia frente a prácticas irregulares en la administración de recursos públicos.
A través de estos mecanismos, se busca fortalecer la confianza ciudadana y garantizar la correcta aplicación de los fondos públicos en beneficio de la sociedad.
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El Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados se mantiene actualizado y disponible para consulta pública en el siguiente enlace: https://directoriosancionados.buengobierno.gob.mx/. Esta herramienta permite identificar a las personas y empresas que actualmente se encuentran impedidas para establecer vínculos contractuales con el Gobierno Federal.
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