Operativos letales no bastan en México: CIDH llama a desarticular la corrupción política y financiera detrás del crimen organizado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este martes la Resolución No. 1/26 sobre Crimen Organizado y Derechos Humanos, un documento que llega en un momento de alta presión para México.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha exhibido como trofeos de su política de seguridad una serie de extradiciones masivas a Estados Unidos realizadas en tres tandas desde febrero de 2025, entregando a líderes del Cártel de Sinaloa, el CJNG, Los Zetas, el Cártel del Golfo y la Organización Beltrán-Leyva, en operaciones que Washington celebró como “logros históricos” de la era Trump. A eso se suma una “reducción sostenida en homicidios dolosos” que el gabinete de seguridad presume como evidencia de que la estrategia funciona. Los números, vistos desde la superficie, parecen contundentes.

El crimen organizado, de amenaza emergente a crisis estructural

Pero la CIDH advierte que eso no es suficiente, y que nunca lo ha sido. El documento parte de reconocer que lo que en 2003 los Estados miembros de la OEA identificaron como una “nueva amenaza” para la seguridad hemisférica se ha convertido hoy en una crisis de otra magnitud. El crimen organizado ya no es solo un fenómeno delictivo contenible con detenciones y extradiciones; es una manifestación estructural de desigualdad, corrupción e impunidad que erosiona el Estado de derecho desde adentro. La CIDH identifica como factores que lo alimentan la pobreza, la debilidad institucional, la proliferación de armas y la falta de estrategias judiciales actualizadas, todos ellos presentes con intensidad en el contexto mexicano.

Justicia independiente y persecución financiera, las apuestas más urgentes

Entre las recomendaciones con mayor resonancia para México destacan las que exigen el fortalecimiento de la independencia judicial y la creación de unidades especializadas con autonomía real frente a la cooptación del crimen organizado. En un país donde el Operativo Enjambre documentó en 2025 que decenas de servidores públicos, entre ellos presidentes municipales y directores de seguridad, estaban vinculados a organizaciones criminales, esa recomendación no es abstracta. La CIDH también pide priorizar la investigación de flujos financieros ilícitos y el lavado de activos, persiguiendo no solo a ejecutores sino a los financiadores y facilitadores políticos de las redes.

Protección diferenciada para los más vulnerables

La resolución también insta a proteger de forma diferenciada a periodistas, defensores de derechos humanos y comunidades indígenas y afrodescendientes, grupos que en México han sufrido de manera desproporcionada la violencia criminal. Asimismo, llama a tipificar de manera autónoma el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, una práctica documentada en Michoacán, Guerrero y Sinaloa, donde hallazgos como el del rancho Izaguirre en Teuchitlán revelaron en 2025 la escala del horror con que operan estas estructuras y en el que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado graves omisiones de la Fiscalía de Jalisco en la investigación del caso.

Prevención estructural frente al espectáculo punitivo

Frente al modelo que empuja Washington —donde Trump firmó el 7 de marzo una proclamación para crear la “Americas Counter Cartel Coalition” bajo una lógica de “hard power” militar— la CIDH es explícita: las estrategias represivas, militarizadas o basadas en estados de excepción no reducen la criminalidad ni atienden sus causas. Analistas advierten que las extradiciones exprés mexicanas, realizadas sin agotar recursos legales disponibles, funcionaron como gestos políticos dirigidos a la facción más dura del trumpismo, normalizando la idea de que la presión externa puede alterar el curso de la justicia interna. Para la CIDH, ese camino tiene un costo democrático alto. La resolución apuesta en cambio por políticas estructurales y preventivas, con participación comunitaria, persecución de redes financieras y reparación integral para las víctimas: un modelo que mide el éxito no en capos entregados, sino en comunidades efectivamente protegidas.