Esta es la forma en que el gobierno de Clara Brugada está apoyando a familiares de trabajadores fallecidos en San Antonio Abad

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expresó su solidaridad con los tres trabajadores que murieron en un edificio que se derrumbó cuando realizaba trabajos de demolición, el incidente ocurrió la tarde del 9 de marzo en la avenida San Antonio Abad, en la alcaldía Tlalpan.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció medidas de apoyo y atención inmediata para los familiares de los fallecidos, según lo expuesto en la conferencia de prensa este martes 10 de octubre.

“A partir de los hechos que el día de ayer ocurrieron en Tlalpan, primeramente quiero expresar mi profunda solidaridad con los trabajadores afectados por el derrumbe del edificio en demolición, en San Antonio Abad”, expresó.

Clara Brugada expresó su respaldo a las familias de las víctimas y a los trabajadores afectados. La autoridad capitalina estableció atención médica, asistencia legal y alojamiento en hotel para los familiares provenientes de otras entidades, además de mantener contacto directo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y los responsables del inmueble.

“Nuestro gobierno ya se encuentra en comunicación y en contacto con las familias de las tres personas fallecidas, apoyándolas en distintas áreas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya los contactó y los está apoyando, desde la instalación de un espacio que estuviese cerca del lugar donde fue el rescate, hasta la contratación de un hotel en donde ellos puedan estar descansando”, precisó.

Investigación y deslinde de responsabilidades en el derrumbe

Equipos de emergencia, incluyendo rescatistas, bomberos, agentes de Protección Civil, personal médico y fuerzas federales como SEDENA, Marina y Guardia Nacional, llevaron a cabo labores de rescate y seguridad. Brugada reconoció la actuación de estos grupos y el operativo continuado en el lugar del siniestro.

Las autoridades agregaron que la Fiscalía General de Justicia inició una investigación formal para esclarecer las causas del derrumbe y determinar responsabilidades. Brugada afirmó el compromiso de las autoridades locales con la transparencia y pidió a la Fiscalía mantener informada a la ciudadanía sobre los resultados de las pesquisas.

El gobierno reiteró su determinación de procurar la reparación integral del daño y la justicia para las víctimas. Asimismo, se comprometió a evitar cualquier forma de impunidad asociada a este hecho.

La administración capitalina anunció que solicitará a las alcaldías reforzar la supervisión y vigilancia en las demoliciones, para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable.

Legalidad y gestión administrativa de la demolición del edificio en San Antonio Abad

Durante la misma conferencia, se informó que la demolición del inmueble contaba con trámites avalados por la Comisión de Reconstrucción. Las autoridades aseguraron que los procedimientos se ajustaron a la Ley de Reconstrucción, la Ley Orgánica de las Alcaldías y el Reglamento de Construcciones.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, explicó que al tratarse de una obra privada, la responsabilidad del cumplimiento normativo recaía en los propietarios. Corresponde a la alcaldía verificar que las obras se desarrollen bajo las reglas vigentes.

La Comisión para la Reconstrucción señaló que las alcaldías tienen facultad para imponer medidas de prevención y suspender obras si identifican faltas a las normas o carencia de protección civil.

El edificio en cuestión había sido calificado como de alto riesgo tras los daños sufridos por el sismo de 2017 y la notificación de autorización para su demolición ocurrió en 2018, conforme informaron las autoridades.

Omisiones en la protección civil y supervisión municipal

Respecto a posibles fallas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que la alcaldía suspendió previamente los trabajos en San Antonio Abad. La suspensión obedeció a la detección de que el inmueble no acreditó la existencia de un programa interno de protección civil ni contaba con medidas de resguardo para los inmuebles vecinos.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México subrayaron que la ausencia de ese programa representó una omisión relevante y motivó la suspensión antes del derrumbe.