ONU pide a México considerar eliminar la prisión preventiva oficiosa, señala mayor impacto en mujeres por condiciones de género

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) solicitó a México modificar sus leyes para eliminar la prisión preventiva oficiosa, tras concluir que esta medida impacta de manera desproporcionada a las mujeres.

Según datos presentados al Comité, en 2020 el 51.7% de las mujeres detenidas a nivel federal estaban bajo prisión preventiva oficiosa, frente al 41.34% de los hombres.

En los primeros seis meses de ese año, el número de mujeres en esta condición aumentó 10,3%, mientras que en los hombres el incremento fue de 1,9%.

En este sentido, el Comité analizó las condiciones del CEFERESO 16, único penal federal para mujeres en México, donde la falta de personal médico adecuado y la ausencia de visitas familiares agravan la situación de las detenidas.

En 2023, 12 mujeres se suicidaron en ese centro, lo que motivó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Entre los testimonios recibidos por el Comité, Patricia Melo Tapia fue puesta en prisión preventiva oficiosa en 2011 y falleció en 2020 sin acceso al tratamiento médico que requería.

Ivonne Hernández Carbajal denunció tortura y la falta de visitas durante ocho años, así como problemas de salud no atendidos.

Las 22 peticionarias alegaron que la prisión preventiva oficiosa y la ausencia de atención médica adecuada violaron sus derechos bajo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

CEDAW concluyó que la prisión preventiva oficiosa en México resulta de disposiciones legales y prácticas judiciales que la imponen de forma automática y prolongada, sin evaluar las circunstancias individuales, lo que viola el principio de proporcionalidad y excluye a las mujeres de medidas alternativas.

El Comité advirtió que las reformas constitucionales de 2024 y 2025 agravaron el problema al ampliar los delitos sujetos a esa medida y restringir su revisión judicial.

Además, señaló que México no refutó las denuncias sobre atención médica inadecuada y consideró discriminatorio que los centros de detención no atiendan necesidades específicas de las mujeres.

El Comité pidió reparaciones integrales para las víctimas, atención médica y psicológica especializada, y la modificación de la Constitución y las leyes para eliminar la prisión preventiva oficiosa.

También instó a revisar las medidas cautelares con perspectiva de género y facilitar el traslado de las detenidas a centros cercanos a sus familias.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) destacó que la comunicación del Comité confirma que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos no solo por su prolongación, sino también por su carácter automático y la imposibilidad de revisar su aplicación.

El Centro Prodh reiteró que la prisión preventiva oficiosa se opone a la presunción de inocencia y puede constituir una pena anticipada. Señaló que el dictamen del Comité y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser considerados en la próxima revisión de la figura por la Suprema Corte de Justicia.