En la Preparatoria 9 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), ubicada en Chilpancingo, se desató una profunda controversia luego de que un estudiante difundiera imágenes íntimas de varias compañeras que fueron generadas mediante inteligencia artificial (IA), denunciaron colectivos feministas y activistas locales.
Según las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la difusión de ese material representa una forma de violencia digital que vulnera la dignidad, la privacidad y la integridad de las adolescentes y jóvenes afectadas dentro de la comunidad estudiantil.
Reacción de activistas y exigencias
En una conferencia de prensa previa a la marcha conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, representantes de colectivos como Guerreras Jaguar, Maternidades Violeta, Siempre Vivas y Libres Guerrero denunciaron la respuesta insuficiente por parte de la dirección de la preparatoria.
Las activistas señalaron que, ante la difusión de las imágenes generadas con IA —que representan a las estudiantes en escenas íntimas sin su consentimiento—, la respuesta de la directora del plantel se limitó a cambiar de turno al alumno responsable, una medida que consideraron inadecuada e insuficiente para abordar un delito que afecta la integridad personal de las víctimas.
Asimismo, criticaron la actuación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, argumentando que ha demostrado “falta de diligencia” para atender las denuncias y actuar con rapidez frente a este tipo de violencia digital.
Impacto y contexto de la violencia digital
La proliferación de herramientas de inteligencia artificial ha facilitado la creación de imágenes falsas o alteradas —conocidas como deepfakes— que pueden usarse para difamar, acosar o extorsionar a las personas representadas, afectando especialmente a mujeres y jóvenes. Este tipo de tecnología ha generado preocupación a nivel internacional por el uso indebido de datos personales sin consentimiento.
En el caso de la Preparatoria 9, el uso de IA para generar material íntimo destaca la necesidad de políticas claras y acciones educativas que aborden tanto la protección de datos personales como los riesgos asociados a la tecnología en entornos escolares y digitales.
Testimonios y nuevas exigencias
En el mismo evento, la madre de una estudiante desaparecida —Raquel Martínez Lázaro, joven de Derecho cuya desaparición lleva más de un mes— denunció también la lentitud en las investigaciones de su caso y manifestó la falta de claridad de las autoridades sobre el paradero de su hija.
Desde las agrupaciones feministas y la comunidad educativa, se exigió un protocolo de actuación inmediata para casos de violencia digital, así como capacitación sobre el uso responsable de la tecnología y las implicaciones legales de su mal uso.
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