El ex alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, es investigado a nivel federal por presuntamente utilizar su supuesto vínculo con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como instrumento de presión en el ámbito político y comercial.
Testimonios integrados al expediente señalan que Rivera Navarro exigía pagos a comerciantes y empresarios. Para reforzar sus amenazas, aseguraba contar con el respaldo directo del grupo criminal.
La investigación sostiene que el ex alcalde recurría al nombre de “El Mencho” como advertencia ante cualquier negativa a cumplir con sus exigencias económicas. Esa mención funcionaba como mensaje de intimidación para quienes se resistían a sus peticiones.
La presunta exhibición de respaldo criminal
Entre las pruebas figura un evento musical: Rivera presumía haber organizado un concierto para “El Mencho” con Los Alegres del Barranco.
Comerciantes y empresarios afectados interpretaron estas referencias como advertencias ante posibles represalias.
Las alusiones al concierto y al respaldo del CJNG habrían generado un ambiente de temor y sumisión en la comunidad.
Señalamientos de presión y temor en el municipio
De acuerdo con el expediente, las amenazas no solo eran verbales. Se documentan acciones dirigidas a castigar a quienes cuestionaban la gestión de Rivera, lo que fortaleció la percepción de impunidad y riesgo.
El documento judicial recoge además acusaciones sobre presuntos secuestros de candidatos rivales en procesos electorales previos, lo que apunta a un esquema de violencia política ligado a la exhibición de poder criminal.
El proceso judicial sigue abierto y las autoridades buscan determinar el alcance de los señalamientos y las posibles responsabilidades de los involucrados.
Investigación y proceso judicial en curso
De acuerdo con información de Infobae México la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que la presidencia municipal de Tequila, encabezada por Diego Rivera Navarro, funcionó como base para actividades de secuestro, extorsión y dominio político, bajo la supuesta protección del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Empresarios, comerciantes, opositores y trabajadores municipales relataron encuentros oficiales que derivaron en amenazas, así como la utilización de policías como agentes de cobro y el uso de resoluciones gubernamentales como herramienta de represalia.
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