Trabajadores exigen implementación plena y sin dilaciones de la jornada de 40 horas: piden al Congreso de la Unión abrir el diálogo

Este 10 de febrero de 2026 el Senado de la República anunció que las comisiones de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, llevarían a cabo la discusión del dictamen de la reforma laboral, la cual persiste en incluir la reducción de la jornada de trabajo de manera gradual hasta llegar a las 40 horas, debido a esto organizaciones sindicales se pronunciaron sobre el proyecto planteado y piden al Congreso de la Unión abrir el diálogo.

Diálogo y aplicación de las 40 horas

Las organizaciones sindicales pertenecientes a la Mesa de Diálogo Sindical, la Asociación General de las y los Trabajadores y la Unión Nacional de Trabajadores, representantes de amplios sectores de la clase trabajadora del país, manifestaron su posición frente a la iniciativa presentada el 3 de diciembre de 2025 para transitar hacia una jornada laboral de 40 horas semanales.

Las organizaciones reconocen avances como la jornada de 40 horas, la prohibición de disminuir salarios y prestaciones, y la restricción del trabajo extraordinario para personas menores de 18 años. Estos puntos se consideran una base relevante para transformar el mundo laboral. Desde el movimiento sindical, la reducción de la jornada representa una oportunidad para mejorar la salud, el bienestar, la productividad y la calidad de vida de las y los trabajadores.

No obstante, las representaciones sindicales advierten que el diseño propuesto por el Congreso mantiene el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso, sin avanzar hacia el modelo de cinco por dos con pago de 56 horas. Además, el mecanismo de implementación gradual aplazaría el pleno goce de la jornada de 40 horas hasta 2030, lo que posterga una aspiración de millones de trabajadores y trabajadoras.

Riesgos en la aplicación y derechos laborales

Las organizaciones expresan preocupación sobre la redefinición de la jornada laboral al sustituir el concepto de “estar a disposición del empleador” por “desarrollar actividades subordinadas”. Esta modificación podría restringir el reconocimiento de tiempos de guardia, espera o disponibilidad, que históricamente se consideran como tiempo de trabajo efectivo. El cambio abre la posibilidad de controversias y facilita el subregistro del tiempo laboral.

El rediseño de las horas extraordinarias y la posibilidad de jornadas combinadas de hasta 12 horas diarias permiten la normalización de extensiones contrarias al espíritu de la reforma. Aunque no se permite reducir el salario nominal, el aumento de horas extra puede implicar una mayor carga fiscal y de seguridad social para las personas trabajadoras, con impacto en el ingreso neto por hora adicional.

Esta situación, al ser deducible para la parte empleadora, puede traducirse en una disminución de la utilidad fiscal y del monto global de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades.

Entre los puntos destacados por las organizaciones sindicales:

• Persistencia del esquema de seis días por uno de descanso
• Implementación gradual hasta 2030
• Riesgo de subregistro del tiempo laboral efectivo
• Posible intensificación de ritmos de trabajo y reducción de pausas

La sustitución de las figuras de “patrón” y “trabajador” por “persona empleadora” y “persona trabajadora” genera inquietud sobre la identificación del sujeto responsable de las obligaciones laborales y abre la puerta a esquemas de evasión mediante figuras simuladas.

La permanencia de formas permitidas de subcontratación podría incentivar su uso como mecanismo de ajuste, con efectos de fragmentación de plantillas, menor sindicalización y negociación colectiva formal.

Llamado a un diálogo social amplio

Las organizaciones alertan sobre un posible incremento de la informalidad y la simulación, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas, si la reforma no se acompaña de políticas públicas de apoyo, incentivos a la productividad y facilidades de cumplimiento. La carga de adaptación podría trasladarse a las personas trabajadoras.

Afirman que la reducción de la jornada debe traducirse en más descanso, mejor salud, mayor productividad sostenible y vida digna, evitando mecanismos de flexibilización que prolonguen indirectamente el tiempo de trabajo o debiliten derechos individuales y colectivos.

Las organizaciones sindicales llaman al Congreso de la Unión a abrir un proceso de diálogo social amplio, plural y vinculante, donde la voz de los sindicatos sea escuchada de manera sustantiva y con el acompañamiento de instancias especializadas como la OIT. Sostienen que la transformación del régimen laboral requiere la participación activa de quienes sostienen la economía nacional.