SPINNA advierte que el matrimonio infantil representa una grave violación de los derechos humanos de infancias y adolescentes mexicanas

Las Secretarías Ejecutivas del Sistema Nacional y de los Sistemas Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) reafirmaron su rechazo a las uniones tempranas y forzadas que involucran a personas menores de 18 años, enfatizando que estas prácticas vulneran gravemente los derechos humanos y afectan en mayor medida a niñas y adolescentes.

El compromiso de SIPINNA se traduce en el fortalecimiento de acciones integrales para prevenir y erradicar estas uniones, enfocándose en la creación de marcos normativos, el impulso de políticas públicas, la promoción de la educación y la defensa de una vida libre de violencias para la niñez y la adolescencia.

“Ninguna forma de unión antes de los 18 años es aceptable. El interés superior de la niñez, la autonomía progresiva, la igualdad sustantiva y el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencias deben prevalecer por encima de cualquier práctica que comprometa su integridad, su bienestar y su proyecto de vida”.

Entre las principales consecuencias identificadas, se encuentran:

• El abandono escolar.
• Embarazo adolescente.
• Exposición a diversas formas de violencia.
• Limitación en el desarrollo pleno.

El pronunciamiento de SPINNA subraya que los derechos de niñas, niños y adolescentes en México son universales e irrenunciables y destaca que ninguna costumbre, contexto cultural o diferencia regional debe anteponerse sobre estas garantías.

SIPINNA reiteró su labor coordinada junto a comunidades, familias, autoridades de los tres niveles de gobierno, sociedad civil y otros actores estratégicos para asegurar el pleno desarrollo, la protección de derechos y la igualdad de oportunidades para la infancia y la adolescencia mexicana.

México y el matrimonio infantil

En 2020, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estableció que en las 32 entidades federativas de México la edad mínima para contraer matrimonio sería de 18 años, sin permitir excepciones.

No obstante, esta disposición legal no erradicó por completo el matrimonio infantil ni las uniones tempranas, particularmente en comunidades indígenas y rurales (en estos entornos, los matrimonios suelen regirse por usos y costumbres y persisten motivaciones culturales, económicas o religiosas que mantienen la práctica como un fenómeno socialmente aceptado).

La Estadística de Matrimonios (EMAT), proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), registró durante 2024 siete matrimonios en los que una de las personas contrayentes era menor de edad. De estos casos, dos se celebraron en Michoacán y uno en cada uno de los siguientes estados: Chiapas, Durango, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora.

En el año 2024, la mayor concentración de matrimonios en personas menores de 18 años se ubicó en el grupo de 15 a 19 años, donde el 1.1% de los hombres y el 2.7% de las mujeres contrajeron matrimonio.

Los datos reflejan que, aunque la incidencia de estos matrimonios es baja, la proporción de mujeres que se casan siendo menores de edad supera a la de los hombres. El registro más bajo de edad entre los contrayentes fue de 16 años.

Niñas y adolescentes, mayor riesgo de violaciones a sus derechos humanos

Ante esto, Alma Patricia Piñones Vázquez, doctora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, señaló en 2021 para Ciencia UNAM que el matrimonio infantil afecta principalmente a niñas, aunque también ocurre en niños, pero con menor frecuencia y causas distintas.

Piñones explicó que las principales causas son la pobreza, motivos culturales, normas sociales y desigualdad de género. Las familias a veces casan a sus hijas para reducir la carga económica o por tradición.

El matrimonio infantil no protege a las niñas, quienes suelen ser vistas como fuerza de trabajo doméstico en la familia del esposo. Entre las consecuencias destacan el abandono escolar, violencia, embarazos tempranos y riesgos para la salud física y mental.

México: el reto para proteger a las infancias de uniones tempranas y sus consecuencias

El 22 de mayo, durante la conmemoración del Día de la Niñez, Alanna Armitage, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), advirtió sobre la situación de innumerables niñas y adolescentes en México cuyas infancias se ven interrumpidas prematuramente por uniones forzadas, hecho que limita sus oportunidades y aspiraciones. Esta declaración fue recogida por EFEMINISTA.

En el mismo evento, Maki Kato, representante adjunta de UNICEF en México, destacó que el país ocupa el segundo lugar en América Latina y el décimo a nivel mundial en número absoluto de adolescentes mujeres casadas o unidas antes de los 18 años, sumando 10.4 millones de casos.

Dos meses después de ese encuentro, colectivos feministas en México difundieron información basada en registros de la Secretaría de Salud (Ssa), identificando nacimientos de madres menores de 18 años, posibles víctimas de delitos sexuales, como el matrimonio forzado. Esta información fue entregada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que llevó a la apertura de investigaciones por parte de su gobierno.

En agosto, la Secretaría de las Mujeres, bajo la dirección de Citlali Hernández Mora, presentó la estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras”, dirigida a prevenir, atender y erradicar la violencia sexual, el embarazo adolescente y las uniones forzadas.

Esta estrategia se implementará en 50 municipios de 21 estados del país, seleccionados por registrar los índices más altos de estos problemas. Los recursos para la estrategia provendrán del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), administrado por la propia Secretaría, y forma parte de la tercera fase de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).

Los estados incluidos en la estrategia son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Uno de los casos recientes que ilustra la problemática es el de Daysi, una niña de 13 años que dio a luz el 8 de enero de 2026 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tanto ella como su hija recién nacida permanecieron hospitalizadas debido a complicaciones derivadas del parto, incluyendo daños severos como aplastamiento de la vejiga y la uretra, además de otras lesiones internas.

La bebé nació dos semanas antes de lo previsto y también requirió hospitalización en un centro médico distinto. Ambas fueron dadas de alta poco antes del 15 de enero y actualmente permanecen en su domicilio, bajo vigilancia médica y psicológica, con seguimiento de la Secretaría de las Mujeres, la familia y autoridades estatales.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas continúa investigando el caso como posible abuso sexual infantil o matrimonio forzado. El padre de la bebé es un joven de 17 años, y la Fiscalía de Justicia Indígena también participa en las indagatorias. Parte de las complicaciones del parto se atribuyen al sarampión que padecía Daysi.

Inicialmente hubo confusión respecto a su edad, ya que se reportó que tenía 10 años, pero esto se debió a un registro tardío de nacimiento. La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó que se investigue el caso, apuntando que, en contextos donde una menor de edad da a luz, “evidentemente hay un delito”.