Las “cuotas” con las que Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, extorsionaba a empresarios

Empresarios y comerciantes de Tequila, Jalisco, estuvieron sujetos durante meses a un esquema de extorsión y abuso de poder encabezado por el alcalde Diego Rivera Navarro y su círculo de colaboradores, quienes habrían utilizado las estructuras del ayuntamiento para imponer cobros, cuotas y sanciones fuera de la ley.

Desde que el alcalde asumió funciones en octubre de 2024, se habría instaurado en el municipio un esquema delictivo, presuntamente arropado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según consta en denuncias, testimonios e investigaciones periodísticas.

¿Cuánto cobraba?

El caso que detonó la atención nacional fue el de la tequilera José Cuervo, la mayor productora de tequila del país, que en diciembre de 2025 denunció un cobro de impuesto predial de 60 millones de pesos, suma que representaba el doble de la recaudación anual de predial en Tequila.

Luego de que la empresa tequilera se negara a pagar el monto de impuesto predial exigido por el ayuntamiento, agentes municipales colocaron sellos de clausura en las instalaciones de la destilería, impidiendo temporalmente sus operaciones.

Tras la presión y la negociación, la empresa terminó pagando 17 millones de pesos. Posteriormente, los sellos fueron retirados y la planta pudo reanudar actividades, pero el episodio evidenció el uso de la clausura como herramienta de presión para forzar el pago de cuotas fuera de los parámetros legales.

Este patrón se extendió a otras empresas: el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció a fines del 2025 que al menos 10 empresas tequileras y hoteles denunciaron extorsiones y cobros irregulares por parte del presidente municipal.

Según testimonios recogidos por Milenio, comerciantes y transportistas turísticos señalaron que la administración municipal exigía un pago de 50 pesos por cada turista que ingresaba a Tequila, monto que debían cubrir las empresas transportadoras como una especie de “derecho de suelo” para poder operar en el municipio.

Las sanciones no se limitaban a grandes empresas. Emprendedores y comerciantes locales narraron cómo, incluso después de pagar multas y cumplir con todos los requisitos solicitados —como la compra de extintores y botiquines—, sus negocios permanecían clausurados por más de un año. Ana Rosa, comerciante afectada entrevistada por el medio antes citado, pagó 11 mil 600 pesos de multa sin conseguir que se levantaran los sellos de clausura.

Otros testimonios, incluidos en el expediente judicial de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Diego Rivera Navarro, y analizados por Latinus, describen que algunos comerciantes debían pagar una suma inicial de 50 mil pesos para poder reabrir sus negocios tras una clausura, y posteriormente se les exigía el pago de cuotas mensuales de 20 mil pesos para seguir operando.

Además, existen casos en los que las extorsiones alcanzaron montos únicos de hasta 150 mil pesos, según los relatos de las víctimas integrados en la investigación federal.

El organigrama criminal

La FGR, quien acusa de delincuencia organizada al edil por extorsión y secuestro, sostiene que Diego Rivera Navarro utilizó la fuerza del gobierno para la ejecución de fines delictivos, en lo que describe como “la fusión de la criminalidad con el poder político”.

Según la solicitud de orden de aprehensión, el ayuntamiento de Tequila fue convertido en plataforma para secuestros, extorsiones y control político, bajo la presunta protección del CJNG.

El expediente judicial y los testimonios recabados identifican a los siguientes actores en la estructura criminal:

• Diego Rivera Navarro: Presidente municipal de Tequila, señalado como líder y coordinador de la red.
• Juan Gabriel “N”: Director de Catastro y Predial.
• Juan Manuel “N”: Director de Seguridad Pública.
• Julio N: Se desconoce el puesto
• Isaac “N”: Director de Obras Públicas.
• Severo N (“El Rey Mago”): Policía con vínculos con el CJNG, según autoridades estadounidenses, desde 2022.
• Francisco Javier “Faraón”: Operador, papel específico no detallado.
• Esposa de Diego Rivera Navarro: Mencionada en una denuncia anónima como parte del círculo cercano.
• Escoltas y policías municipales: Varios elementos señalados por su intervención directa en amenazas, cobros y actos de violencia.

La presencia de “El Rey Mago”, Severo Flores Mendoza, da dimensión internacional al caso. Flores Mendoza, originario de Tequila, coordinó durante más de una década a los jefes policiales de la región Valles, zona conocida como “El Triángulo Dorado” de Jalisco, área de influencia clave para el CJNG.

Fue boletinado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la OFAC en 2022, acusado de brindar protección y recursos al cártel a cambio de sobornos.

La región bajo su coordinación fue escenario de desapariciones, decomisos y la instalación de “narcocampamentos” donde el CJNG reclutaba y entrenaba a jóvenes con falsas ofertas laborales.

Los testimonios incluidos en la carpeta de investigación de la FGR muestran un modus operandi sistemático. Un comerciante relató cómo Rivera Navarro, acompañado por policías municipales y colaboradores armados, ingresó a su establecimiento para exigir pagos semanales bajo amenaza de secuestro. El denunciante entregó a las autoridades números de teléfono, ubicaciones de casas de seguridad y los alias de los operadores involucrados.

Dos excandidatos de Morena narraron que en 2021 fueron levantados, encapuchados, golpeados y llevados a casas de seguridad, donde les obligaron a firmar la renuncia a sus candidaturas bajo amenazas de muerte. Ambos identificaron al alcalde como responsable directo.

Otros comerciantes reportaron, además de las cuotas y extorsiones, agresiones físicas, daños materiales y amenazas.