La paz como espectáculo en Gaza

Hace apenas días, en el Foro Económico Mundial de Davos, fue presentada la denominada Junta de Paz, un organismo internacional impulsado por el presidente de Estados Unidos en el marco de lo que se ha bautizado como el plan de paz para Gaza, parte de una estrategia más amplia para terminar con la guerra que estalló en octubre de 2023.

Esta guerra, que surgió tras un ataque de grupos armados palestinos y provocó una respuesta militar masiva israelí, ha dejado un saldo devastador: estimaciones recientes sugieren que alrededor de 70 mil personas palestinas han muerto en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva, con una proporción muy alta de civiles entre las víctimas. La infraestructura básica —vivienda, hospitales, escuelas— ha sido destruida en más del 80%, y miles siguen atrapados bajo escombros o muertos por causas indirectas como la desnutrición. Estas cifras son consistentes entre evaluaciones oficiales del ejército israelí y organismos de Gaza que han documentado el impacto humano de la campaña militar.

La Junta de Paz nace como un organismo que, en su formulación original, debía supervisar el cese de hostilidades, la desmilitarización y la reconstrucción de la Franja bajo una administración transitoria. En septiembre de 2025, el plan de paz fue presentado como un acuerdo de 20 puntos que incluía un alto el fuego, retiro de tropas, intercambio de prisioneros, desarme de grupos militantes y reconstrucción bajo supervisión internacional.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respaldó la iniciativa a través de una resolución en noviembre de ese año, otorgándole un mandato hasta finales de 2027 para supervisar la transición en Gaza.

Sin embargo, la versión de la Junta de Paz que se puso formalmente en marcha en Davos se ha transformado en algo sustancialmente distinto y mucho más ambiguo. Desde su anuncio, más de 60 países fueron invitados a formar parte de este organismo, pero pocos Estados que tradicionalmente lideran la diplomacia multilateral han aceptado participar. Naciones como Francia, Alemania y Nueva Zelanda han rechazado o declinado la invitación argumentando falta de claridad sobre mandatos y la forma en que la institución se alinea con el derecho internacional y los marcos existentes de la ONU. A la fecha, el único miembro permanente del Consejo de Seguridad con asiento seguro dentro de ella sigue siendo Estados Unidos, mientras que otras potencias como Rusia y China han preferido no definir su postura o han expresado reservas claras. Por otro lado, países de Medio Oriente, Asia y América Latina han mostrado un interés pragmático, sumándose a la iniciativa sin que existan garantías claras de cómo operará o qué peso real tendrán sus decisiones.

El plan oficial dice estar destinado a Gaza, pero su estatuto y lenguaje parecen expandir su ámbito a otras crisis globales, lo que para muchos observadores implica una clara intención de competir —o incluso reemplazar— el papel tradicional de la ONU en materia de paz y seguridad. Anuncios y documentos asociados a la junta contienen ambiciones amplias de intervención en regiones afectadas por conflictos, sin límites temporales precisos ni mecanismos institucionales sólidos que garanticen responsabilidad y supervisión. A diferencia de los tratados multilaterales existentes, donde el derecho internacional y las normas son claras, este organismo permite un alcance de actuación indefinido, a discreción de su presidente, cuyo cargo se ha concebido con poderes amplios de decisión y sin una estructura de contrapesos comparables a las instituciones tradicionales.

Esa ausencia de legitimidad operativa y jurídica se ha traducido en críticas abiertas desde la comunidad internacional, incluso por parte del propio secretario general de la ONU, quien ha advertido sobre el riesgo de que el uso del poder sustituya al imperio de la ley, y que iniciativas de este tipo fragmenten más aún un orden internacional ya debilitado. Las potencias europeas, por ejemplo, han expresado que la Junta de Paz, tal como está concebida, cuestiona los principios fundacionales de la cooperación multilateral que han guiado la diplomacia desde la posguerra.

Mientras la Junta de Paz ocupa titulares y conferencias, la realidad material del conflicto en Medio Oriente no se ha detenido. Gaza sigue siendo un territorio devastado, con más de 1.7 millones de personas desplazadas internamente, lo que representa cerca del 75 por ciento de su población total. Los servicios básicos continúan colapsados: más del 90% de la población carece de acceso regular a agua potable, y el sistema sanitario opera a menos del 30% de su capacidad, con hospitales funcionando sin electricidad estable ni suministros suficientes. A esto se suma una tasa de desempleo que supera el 80%, convirtiendo a Gaza en uno de los territorios con mayor precariedad económica del mundo.

Sin embargo, a pesar de estas cifras, el conflicto comienza a perder centralidad en la cobertura mediática internacional. Este fenómeno no es nuevo. En conflictos prolongados, la atención global tiende a desplazarse cuando la violencia deja de ser “novedad” y se normaliza como parte del paisaje informativo. Lo que sí resulta particular en el momento actual es la velocidad con la que Gaza está siendo sustituida por otras narrativas estratégicas en la agenda global.

En las últimas semanas, el foco informativo se ha movido hacia América Latina, no por razones humanitarias, sino por su creciente papel en la disputa global por recursos estratégicos. Más del 60% de las reservas mundiales de litio se concentran hoy en la región, particularmente en el llamado “triángulo del litio” entre Argentina, Bolivia y Chile. A esto se suma que América Latina provee alrededor del 40% del cobre mundial, insumo esencial para la transición energética y la industria tecnológica. En paralelo, países como Venezuela y Brasil concentran enormes reservas de hidrocarburos y biodiversidad estratégica, lo que ha reactivado tensiones políticas, presiones diplomáticas y disputas ideológicas entre Estados Unidos, China y bloques regionales emergentes.

Este desplazamiento del foco no es casual. En un contexto de desaceleración económica global, inflación persistente y competencia tecnológica, los recursos vuelven a ocupar el centro de la política internacional. Las guerras ideológicas —democracia contra autoritarismo, soberanía contra globalización— se entrelazan ahora con guerras económicas silenciosas por minerales críticos, rutas comerciales y control de cadenas de suministro. En ese escenario, Gaza deja de ser prioritaria no porque el conflicto se haya resuelto, sino porque ya no encaja en la narrativa estratégica dominante del momento.

Aquí es donde la Junta de Paz revela otro de sus vacíos más profundos: su incapacidad para sostener atención política y mediática a largo plazo. El plan de Trump, en esencia, confunde visibilidad con solución. Parte de la premisa de que crear una nueva institución y anunciar un alto el fuego es suficiente para estabilizar una región marcada por décadas de ocupación, desigualdad y violencia estructural. Pero los conflictos no desaparecen cuando dejan de ocupar titulares. Simplemente se vuelven más invisibles.

La falta de legitimidad del plan no solo se explica por su diseño institucional o por la concentración de poder en manos de un actor dominante. También se explica por su desconexión con las dinámicas profundas del conflicto. No aborda de manera clara la cuestión del territorio, la soberanía palestina, el estatus de Jerusalén, ni las condiciones políticas que permiten que la violencia se reproduzca cíclicamente. Tampoco establece mecanismos creíbles de rendición de cuentas ni garantías de que las decisiones tomadas por la Junta tengan fuerza real sobre los actores armados involucrados.

En términos estrictamente políticos, la Junta de Paz parece más un instrumento de reposicionamiento geopolítico estadounidense que una solución multilateral genuina. En un momento en el que Estados Unidos enfrenta pérdida de influencia relativa frente a China y cuestionamientos en el Sur Global, el plan funciona como una demostración de poder simbólico: liderar, nombrar, coordinar. Pero liderar no equivale a resolver, y coordinar no equivale a reconstruir.

El riesgo mayor no es que la Junta fracase de inmediato, sino que genere la ilusión de que algo se está haciendo, mientras la guerra continúa en formas menos visibles y más normalizadas. Gaza puede desaparecer de los titulares, pero seguirá siendo un territorio sitiado, empobrecido y traumatizado. Y cuando el foco internacional vuelva porque inevitablemente volverá, lo hará sobre un escenario aún más deteriorado.

En última instancia, la Junta de Paz revela una verdad incómoda del orden internacional actual: los conflictos no se gestionan en función del sufrimiento humano, sino de la rentabilidad política y mediática. Hoy Gaza deja de ser prioridad porque otros intereses han ocupado su lugar. Mañana, otro conflicto será desplazado por nuevas urgencias estratégicas. El problema no es la falta de iniciativas, sino la ausencia de voluntad para enfrentar las causas estructurales de la guerra, más allá del espectáculo diplomático.

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