La convergencia entre delincuencia tradicional y cibercrimen multiplica las amenazas contra la ciudadanía en México

Durante años, el debate público sobre la seguridad en México se concentró en la violencia visible: asaltos en la vía pública, robos con violencia y delitos perpetrados cara a cara. Sin embargo, esa imagen ya no refleja con precisión el conjunto de riesgos que enfrenta hoy la población. A la criminalidad tradicional se ha sumado una vertiente emergente: el delito digital, que no solo crece con rapidez, sino que también se vuelve más sofisticado y añade capas de complejidad que superan las capacidades institucionales concebidas para amenazas de carácter convencional.

Hoy, una parte cada vez más amplia de la delincuencia no necesita armas, presencia física ni límites territoriales. Opera desde teléfonos, computadoras y redes de datos. El espacio público ya no es únicamente la calle: también lo son las plataformas digitales, donde millones de personas realizan operaciones bancarias, compras, trámites y buena parte de su vida cotidiana.

Las cifras más recientes reflejan un cambio de fondo. La ENVIPE 2025 del INEGI, basada en hechos ocurridos en 2024, estima que 23.1 millones de personas adultas fueron víctimas de al menos un delito. La tasa de prevalencia alcanzó 24,135 víctimas por cada 100,000 habitantes, 3.5% más que el año previo. En total, se habrían cometido 33.5 millones de delitos en el país.

Pero el dato decisivo no es sólo cuánto se delinque, sino qué tipo de delitos están creciendo. El ilícito más frecuente fue el fraude, con una tasa de 7,574 por cada 100,000 habitantes. Le siguieron el robo o asalto en calle o transporte público (6,003) y la extorsión (5,971). Tanto el fraude —que incluye estafas bancarias, comerciales y digitales— como la extorsión —cada vez más realizada por teléfono o internet— son conductas que en gran medida ya migraron a entornos remotos o virtuales.

En conjunto, fraude y extorsión concentraron cerca del 39% de los delitos estimados, y ambos crecieron con fuerza respecto al año anterior: 9% en fraude y 15% en extorsión. Mientras algunos delitos presenciales se mantuvieron estables o bajaron ligeramente, los ilícitos cometidos a distancia avanzaron con rapidez. La lógica es evidente: delinquir en línea reduce el riesgo para el agresor, amplía su radio de acción y permite operar a gran escala con costos mínimos, algo difícil de lograr en el crimen tradicional.

La magnitud de la inseguridad en el entorno digital también se refleja en otras mediciones. El Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) señaló que 21% de las personas usuarias de internet —alrededor de 18.9 millones— experimentó algún tipo de agresión en línea durante 2024. Entre estas conductas se encuentran la suplantación de identidad, los fraudes electrónicos, las amenazas, los intentos de extorsión y el acoso a través de redes sociales, expresiones de una violencia que, aunque no siempre es visible, genera impactos económicos y emocionales de gran alcance.

Al contrastar estas cifras con las de victimización general, el diagnóstico es claro: la probabilidad de que una persona adulta conectada enfrente algún tipo de ciberdelito se ubica entre 20% y 25%, por encima de la proporción asociada exclusivamente a delitos presenciales, que ronda entre 10% y 15%. Lejos de representar una señal positiva, esta diferencia muestra que el delito tradicional no ha disminuido, sino que ahora coexiste con una creciente ola de ilícitos digitales que agravan la experiencia cotidiana de inseguridad para la ciudadanía.

El ámbito privado también ha emitido señales de alerta. Diversos estudios —incluidos los elaborados por la unidad de investigación de SILIKN— sitúan a México entre los países más atacados de América Latina en materia de ciberseguridad. Tan sólo en el primer semestre de 2025 se habrían contabilizado decenas de miles de millones de intentos de ciberataques, con aumentos constantes en delitos informáticos como el ransomware y la filtración de información. Este fenómeno ya no impacta únicamente a individuos: también afecta a empresas, infraestructuras críticas y dependencias gubernamentales, ampliando de forma significativa sus consecuencias económicas y estratégicas.

Esta transformación produce un impacto en dos niveles. En el plano económico, incrementa de forma significativa las pérdidas derivadas de fraudes bancarios, compras simuladas, secuestro de información y pagos de rescates digitales, daños que con frecuencia resultan difíciles de rastrear y recuperar. En el ámbito personal, deja secuelas emocionales duraderas: el acoso en línea, la sextorsión y el miedo a la exposición de datos personales generan ansiedad y una sensación permanente de vulnerabilidad. Todo ello ocurre, además, en un contexto en el que cerca del 93% de los delitos no se denuncia, lo que profundiza la invisibilidad de la dimensión real del problema, especialmente en el entorno digital.

A pesar de este panorama, la narrativa gubernamental no siempre refleja la verdadera complejidad del fenómeno. Si bien se han dado a conocer diversas estrategias y planes de ciberseguridad —varios de ellos con limitaciones en su implementación, alcances incompletos o plazos excesivamente largos—, la comunicación oficial suele enfocarse en la disminución de homicidios y otros delitos visibles de alto impacto, relegando a un segundo plano la expansión del crimen digital. Esto ocurre aun cuando las actividades en línea están cada vez más vinculadas con las operaciones del crimen organizado, al facilitar, ampliar y potenciar sus esquemas delictivos.

La unidad de investigación de SILIKN ha señalado, además, que con frecuencia se restan importancia a incidentes graves, como ataques a instituciones públicas o filtraciones de información sensible, y se subestima la capacidad de los grupos criminales para generar afectaciones reales y directas a la población.

El resultado es una percepción de inseguridad que no cede. En zonas urbanas se mantiene en niveles elevados, por encima de 60%, alimentada por una experiencia cotidiana en la que la amenaza ya no tiene horario ni territorio definido.

México se encuentra, así, ante una inseguridad de carácter dual. A las amenazas convencionales se ha añadido una dimensión digital que amplía el número de víctimas, diversifica las formas de delinquir y demanda capacidades, entrenamiento y herramientas muy distintas para su prevención, atención y contención. El delito en línea ya no puede considerarse un fenómeno secundario: se ha consolidado como uno de los principales motores de la victimización en el país.

Ante este panorama, la política de seguridad pública no puede limitarse a patrullajes y operativos terrestres. Resulta indispensable fortalecer las capacidades de inteligencia cibernética, impulsar estrategias de prevención digital, consolidar la colaboración con el sector tecnológico y establecer mecanismos de denuncia eficaces que permitan investigar, dar seguimiento y resolver los delitos en línea. Restar importancia a esta dimensión del crimen no contribuye a contenerla; por el contrario, ensancha la brecha entre la experiencia cotidiana de millones de personas y una respuesta institucional que sigue siendo insuficiente.

La inseguridad en México ha dejado de ser un fenómeno unidimensional. En la actualidad se expresa de manera híbrida, simultánea y profundamente vinculada al entorno digital. Reconocer esta complejidad es un paso esencial para construir respuestas efectivas. Ignorarla, negarla o minimizarla, en cambio, solo propicia que la delincuencia continúe adaptándose y avanzando a un ritmo más acelerado que el de las instituciones encargadas de enfrentarla.

* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst.

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