La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión de la acción de inconstitucionalidad 73/2019, relacionada con el Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, luego de protestas encabezadas por vecinos desalojados y colectivos urbanos.
Las movilizaciones, realizadas desde el viernes 16 de enero, exigieron suspender el análisis del proyecto y abrir un debate en audiencia pública para escuchar a especialistas y personas directamente afectadas.
Protestas frente a la Corte y exigencia de diálogo
Durante las manifestaciones, los accesos al máximo tribunal fueron bloqueados de manera intermitente como medida de presión.
En el lugar, los inconformes colocaron tendederos con mensajes en defensa del derecho a la vivienda y en rechazo a los desalojos.
Ante la protesta, personal de la SCJN solicitó permitir el ingreso de trabajadores para que los ministros anunciaran la suspensión del tema y confirmaran la apertura de un diálogo con una comisión de vecinos y activistas, así como una audiencia con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra ponente, María Estela Ríos González.
El proyecto de la Suprema Corte
El proyecto de sentencia elaborado por la ministra Ríos González propone declarar constitucional el Artículo 60, al sostener que un desalojo realizado bajo mandato judicial, con apego al debido proceso y al derecho de audiencia, no constituye un desalojo forzoso.
De acuerdo con el planteamiento, la norma no vulnera el derecho a la vivienda, ya que contempla mecanismos de mediación y conciliación, además de la posibilidad de que las personas afectadas soliciten su incorporación a programas de vivienda del gobierno capitalino.
Reclamos de personas desalojadas y colectivos vecinales
Organizaciones sociales y vecinos afectados rechazaron el proyecto al considerar que la redacción vigente del artículo deja en estado de indefensión a quienes enfrentan un desalojo.
Sostienen que la reforma eliminó salvaguardas clave que existían en la versión original y que la simple exigencia de una orden judicial abre la puerta a abusos.
Entre las principales demandas de las personas desalojadas se encuentran:
- Que se retire el proyecto de sentencia y se replantee su contenido.
- Que se reconozca que la reforma al Artículo 60 vulneró el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos.
- Que se restituya la redacción original del artículo, la cual obligaba a agotar alternativas antes de ejecutar un desalojo.
- Que se garantice una audiencia previa efectiva para las personas afectadas.
- Que se establezcan soluciones habitacionales dignas y no solo apoyos temporales de renta.
República de Cuba 11, símbolo del conflicto por la vivienda
El caso del inmueble ubicado en República de Cuba 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se convirtió en un referente del conflicto.
En agosto de 2025, decenas de familias fueron desalojadas sin previo aviso, según denunciaron en redes sociales, y sus pertenencias quedaron expuestas en la vía pública. Vecinos señalaron que no se les permitió recuperar sus bienes y denunciaron presuntos saqueos.
Afectados advirtieron que, de mantenerse la redacción actual del Artículo 60, este tipo de operativos podrían repetirse, agravando la crisis de vivienda en la capital, especialmente ante la presión inmobiliaria y eventos internacionales próximos.
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