El Congreso del Estado de México aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados, así como reformas a diversos ordenamientos legales, con el objetivo de enfrentar de manera especializada y coordinada las distintas modalidades de extorsión que afectan a la entidad.
Con esta nueva normativa, el delito de extorsión se perseguirá de oficio, eliminando la necesidad de que la víctima presente una querella para iniciar una investigación.
La legislación establece un marco integral que regula los mecanismos de coordinación, acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales que deberán implementar las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, para prevenir, investigar, perseguir, atender y combatir la extorsión, así como otros delitos vinculados.
Consejo para combatir la extorsión
Entre los principales avances de la ley destaca la creación del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados, órgano encargado de articular esfuerzos entre las distintas dependencias de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.
Asimismo, se aprobó la creación de la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, la cual dependerá de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Esta nueva fiscalía contará con personal capacitado, evaluado y certificado, con especialización conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que permitirá fortalecer las investigaciones y mejorar la eficacia en la persecución de este delito de alto impacto.
De igual forma, se creará el Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, cuyo objetivo será facilitar la denuncia, brindar acompañamiento a las víctimas y canalizar de manera inmediata los casos a las autoridades competentes, reduciendo los tiempos de respuesta institucional.
En otro punto relevante, el Congreso mexiquense aprobó derogar el delito de extorsión como tipo penal del Código Penal estatal, debido a que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución federal, ya incorpora este delito y establece las sanciones correspondientes. Con ello, se busca armonizar la legislación local con el marco jurídico nacional.
Buscan inhibir extorsiones que salen desde las cárceles
Los artículos transitorios de la nueva normatividad establecen que los centros penitenciarios estatales tendrán un plazo de 150 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del decreto, para implementar procedimientos y tecnologías que inhiban la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de voz, datos o imagen, una de las principales fuentes de extorsión en el país.
Durante la sesión legislativa, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva y legisladora de Morena, destacó que estas reformas fortalecen las funciones de inteligencia, consolidan las mesas de la paz y dignifican a las corporaciones policiales mediante un modelo de seguridad centrado en la persona.
En materia de desaparición de personas, Camacho Reynoso subrayó que las reformas colocan en el centro a las víctimas y a sus familias, al mejorar la coordinación institucional para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas en la entidad.
Asimismo, se aprobaron modificaciones legales para fortalecer la investigación de los delitos, estableciendo la participación activa de la Secretaría de Seguridad y de las instituciones policiales estatales y municipales, siempre en coordinación y bajo la conducción del Ministerio Público.
Finalmente, el Congreso actualizó el marco de coordinación interinstitucional en seguridad pública, amplió y precisó las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, reconoció a las mesas de paz como instancias de decisión inmediata y promovió la profesionalización de los cuerpos policiales, con el objetivo de avanzar hacia un Estado de México más seguro y con instituciones más sólidas frente a la extorsión y otros delitos de alto impacto.
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