
El Congreso del Estado de México aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados, así como reformas a diversos ordenamientos legales, con el objetivo de enfrentar de manera especializada y coordinada las distintas modalidades de extorsión que afectan a la entidad.
Con esta nueva normativa, el delito de extorsión se perseguirá de oficio, eliminando la necesidad de que la víctima presente una querella para iniciar una investigación.
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La legislación establece un marco integral que regula los mecanismos de coordinación, acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales que deberán implementar las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, para prevenir, investigar, perseguir, atender y combatir la extorsión, así como otros delitos vinculados.
Consejo para combatir la extorsión

Entre los principales avances de la ley destaca la creación del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados, órgano encargado de articular esfuerzos entre las distintas dependencias de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.
Asimismo, se aprobó la creación de la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, la cual dependerá de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
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Esta nueva fiscalía contará con personal capacitado, evaluado y certificado, con especialización conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que permitirá fortalecer las investigaciones y mejorar la eficacia en la persecución de este delito de alto impacto.
De igual forma, se creará el Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, cuyo objetivo será facilitar la denuncia, brindar acompañamiento a las víctimas y canalizar de manera inmediata los casos a las autoridades competentes, reduciendo los tiempos de respuesta institucional.
En otro punto relevante, el Congreso mexiquense aprobó derogar el delito de extorsión como tipo penal del Código Penal estatal, debido a que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución federal, ya incorpora este delito y establece las sanciones correspondientes. Con ello, se busca armonizar la legislación local con el marco jurídico nacional.
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Buscan inhibir extorsiones que salen desde las cárceles

Los artículos transitorios de la nueva normatividad establecen que los centros penitenciarios estatales tendrán un plazo de 150 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del decreto, para implementar procedimientos y tecnologías que inhiban la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de voz, datos o imagen, una de las principales fuentes de extorsión en el país.
Durante la sesión legislativa, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva y legisladora de Morena, destacó que estas reformas fortalecen las funciones de inteligencia, consolidan las mesas de la paz y dignifican a las corporaciones policiales mediante un modelo de seguridad centrado en la persona.
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En materia de desaparición de personas, Camacho Reynoso subrayó que las reformas colocan en el centro a las víctimas y a sus familias, al mejorar la coordinación institucional para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas en la entidad.

Asimismo, se aprobaron modificaciones legales para fortalecer la investigación de los delitos, estableciendo la participación activa de la Secretaría de Seguridad y de las instituciones policiales estatales y municipales, siempre en coordinación y bajo la conducción del Ministerio Público.
Finalmente, el Congreso actualizó el marco de coordinación interinstitucional en seguridad pública, amplió y precisó las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, reconoció a las mesas de paz como instancias de decisión inmediata y promovió la profesionalización de los cuerpos policiales, con el objetivo de avanzar hacia un Estado de México más seguro y con instituciones más sólidas frente a la extorsión y otros delitos de alto impacto.
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