México se encuentra entre los países con mayores tasas de embarazo adolescente dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), apuntó la diputada Ana Isabel González González.
Según datos del Inegi, “cada año nacen aproximadamente 340 mil bebés de madres menores de 19 años”, una cifra que evidencia la dimensión del reto nacional.
Esta situación, añadió, requiere una respuesta legislativa con enfoque intersectorial, que integre los derechos humanos, la perspectiva de género y la interculturalidad.
Un enfoque integral para garantizar el acceso efectivo a la educación, salud y acompañamiento psicosocial de niñas y adolescentes embarazadas fue el eje central de una iniciativa presentada por la diputada Ana Isabel González González del PRI, quien propuso reformar la legislación vigente para responder a la problemática del embarazo adolescente en México.
La propuesta, según detalló la legisladora, se sustenta en la necesidad de proteger los derechos de este sector, priorizando la equidad y la protección integral.
A través de la iniciativa que busca adicionar el artículo 17 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, González González plantea que las políticas públicas deben diseñarse con un enfoque de derechos, asegurando en todo momento el interés superior de las hijas e hijos, la no discriminación y la continuidad educativa, así como la corresponsabilidad institucional.
En su argumentación, González González expuso que el embarazo durante la adolescencia, especialmente en el grupo de 15 a 19 años, representa una problemática compleja con efectos negativos en la salud, la educación, el desarrollo personal y las perspectivas de vida de las jóvenes. “El embarazo adolescente impacta de manera significativa en la salud, desarrollo personal, educación y las perspectivas de vida de las y los jóvenes”, puntualizó la diputada.
La iniciativa destaca que este fenómeno limita las oportunidades educativas y laborales de las adolescentes, exponiéndolas a situaciones de estigmatización social, acceso insuficiente a servicios de salud y carencias en educación sexual integral. Además, la legisladora advirtió que factores como la violencia sexual y las dinámicas de poder desiguales influyen de manera determinante, ya que “el consentimiento se ve comprometido por factores como la coerción o la dependencia económica”. También identificó que las normas culturales y los estereotipos de género que idealizan la maternidad temprana refuerzan el problema.
En su propuesta, la diputada insistió en que los apoyos deben ser efectivos y atender tanto las necesidades materiales como emocionales, educativas y sociales de las madres adolescentes. El enfoque de equidad y derechos humanos, subrayó, debe ser el principio rector para garantizar el bienestar integral de quienes enfrentan esta situación.
El documento fue turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis.
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