
Se han cumplido dos meses desde aquel fatídico 1 de noviembre que cambió la historia política de Uruapan. El asesinato del alcalde Carlos Manzo en la plaza principal no solo dejó un vacío en la administración municipal, sino una herida abierta en su familia y una investigación que, lejos de cerrarse, se hunde en una profunda controversia técnica y social.
El aniversario luctuoso fue marcado por un mensaje cargado de dolor y firmeza publicado en redes sociales por Grecia Quiroz, viuda del edil. En un texto que rápidamente se volvió viral, Quiroz relató su regreso al lugar del crimen acompañada de sus hijos para depositar flores blancas, símbolo de la “pureza” que, afirma, Manzo representaba para los uruapenses.
“A dos meses que te arrebataron la vida de la forma más cobarde que puede existir, por la espalda porque de frente nunca pudieron hacerlo... ¡Carlos Manzo vive! y ¡Carlos Manzo vivirá por siempre!”, expresó con contundencia, advirtiendo que no cesará en su exigencia de justicia, tanto “humana como de Dios”.

Mientras el clamor social crece, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) enfrenta un cuestionamiento sin precedentes. La versión oficial, que sostiene que el atacante murió tras dispararse accidentalmente con su propia arma, ha sido puesta en duda por un peritaje balístico independiente.
El análisis privado, solicitado por la defensa de los escoltas del alcalde, reveló un hallazgo crítico: en la escena se localizaron seis casquillos grises marca “Luger Mon” (vinculados al arma del agresor), pero el casquillo que corresponde al disparo mortal que recibió el atacante es de color dorado, marca “Águila”.
Según el dictamen microscópico, este casquillo no comparte el patrón del cañón del arma del agresor, lo que sugiere la intervención de una segunda arma y echa por tierra la tesis del suicidio accidental.

Ante esto, el fiscal estatal Carlos Torres se ha limitado a señalar que será un juez quien determine el valor de estas pruebas, manteniendo el proceso bajo un hermetismo que la defensa califica de opaco.
En el ámbito político-seguridad, el caso ha escalado hasta el gabinete federal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, vinculó directamente al grupo criminal “Los Erre” (brazo del CJNG) con el magnicidio. Hasta el momento, las autoridades han reportado la detención de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, como presunto autor intelectual, además de la captura de siete escoltas y un reclutador.
A pesar del despliegue de más de 2 mil elementos federales en la región tras el suceso, la sensación de inseguridad persiste en Michoacán. El caso de Carlos Manzo se ha convertido en el emblema de la fragilidad institucional, donde la verdad parece dividirse entre los expedientes oficiales y la evidencia científica independiente.
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