Robo de familiares o conocidos a Pensión del Bienestar de adultos mayores alcanzaría 8 años de cárcel, propuesta del PVEM

El abuso económico contra adultos mayores en México ha generado preocupación en los últimos años, impulsando propuestas legislativas que buscan reforzar la protección de este sector vulnerable.

La diputada Azucena Huerta Romero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha presentado una iniciativa enfocada en sancionar la explotación financiera de personas mayores, estableciendo penas más severas y mecanismos de prevención dirigidos a instituciones financieras, según los detalles difundidos por la propia legisladora.

Iniciativa para modificar el marco legal y proteger a personas adultas mayores

La propuesta de Azucena Huerta Romero se dirige a modificar tanto el Código Penal Federal como la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El planteamiento principal consiste en adicionar un nuevo capítulo al Código Penal, específicamente el Capítulo III Quater denominado “Explotación Financiera de Adultos Mayores”, e introducir el artículo 390 Ter.

Según este apartado, se considerará delito que una persona, aprovechando una relación de confianza o superioridad, ya sea por parentesco, tutela, vínculo laboral o cualquier situación de dependencia, disponga, utilice o se apropie indebidamente de los bienes, recursos o pensión de alguien mayor de 65 años sin su consentimiento libre e informado.

Las sanciones propuestas incluyen penas de 4 a 8 años de prisión y multas de 200 a 500 días. Además, la pena podrá incrementarse en un 50% si la víctima presenta alguna discapacidad o limitación para comprender o resistir el acto. El delito será perseguido de oficio, sin necesidad de que la persona afectada presente una denuncia formal.

Rol de las instituciones financieras y prevención

La iniciativa también contempla una reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, sugiriendo la adición de un capítulo dedicado a las instituciones financieras públicas y privadas. Bajo el nuevo artículo 23 Bis, se establece la obligación de simplificar los trámites para el cobro de pensiones y otros servicios requeridos por adultos mayores, facilitando así su acceso a recursos económicos.

Las entidades financieras deberán, además, implementar protocolos para detectar y notificar operaciones sospechosas en las cuentas de personas adultas mayores, enviando reportes a la Fiscalía General de la República siempre que se identifiquen patrones inusuales que puedan indicar explotación financiera.

El resguardo de los datos personales de las posibles víctimas será obligatorio en todo momento.

Personas mayores de 60 años ven vulnerados su derecho al acceso económico

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que en 2021, el 4.7% de las mujeres de 60 años o más declararon haber experimentado violencia económica por parte de un familiar, mientras que datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) muestran que el 63% de las reclamaciones de adultos mayores ante bancos corresponden a posibles fraudes.

La diputada Huerta Romero sostiene que el marco legal existente resulta insuficiente, ya que la figura penal más cercana, el “abuso de confianza”, presenta severas limitaciones al ser un delito que solo se persigue por querella.

Según la legisladora, “es impensable e inhumano exigir a una persona mayor, que depende física, emocional y habitacionalmente de su agresor (quien a menudo es su único cuidador), que acuda a un ministerio público a denunciar formalmente a su propio hijo o nieto”.

Resalta que el temor a represalias, la dependencia o la vergüenza suelen inhibir la denuncia por parte de la víctima, lo que favorece la impunidad. Por ello, considera fundamental que la persecución de oficio y la perspectiva de género sean integradas en la legislación, especialmente para proteger a las mujeres mayores, quienes a menudo se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y sin capacidad para iniciar un proceso legal.

Estos son los cinco puntos relevantes de la propuesta para proteger a personas adultas mayores en México

1. Nuevo delito: Se propone castigar como delito el uso indebido de bienes o pensión de personas mayores de 65 años sin su permiso.
2. Castigos más duros: Las penas serán de 4 a 8 años de cárcel y multas; aumentarán si la víctima tiene discapacidad.
3. No hará falta denuncia: Las autoridades podrán investigar estos casos sin que la víctima denuncie.
4. Responsabilidad de bancos: Los bancos y otros deberán facilitar el acceso a pensiones y reportar movimientos sospechosos a las autoridades.
5. Datos del problema: El 4.7% de mujeres mayores reportó abuso económico familiar en 2021, y el 63% de los reclamos bancarios de adultos mayores son por fraude. La ley actual no protege lo suficiente y muchos no denuncian por miedo o dependencia.