Xóchitl Gálvez señala a la 4T por burlas en torno al encarcelamiento de su hermana

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez se pronunció públicamente sobre el proceso judicial que enfrenta su hermana, Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, y sobre los señalamientos realizados desde sectores de la Cuarta Transformación (4T).

A través de un video difundido en redes sociales y de declaraciones en entrevistas, la también exsenadora pidió separar su trayectoria política del caso familiar y cuestionó el uso público del tema en el debate político.

El mensaje de Xóchitl Gálvez y su postura frente a la 4T

En un video publicado durante las fiestas decembrinas, Xóchitl Gálvez compartió una reflexión personal sobre las personas que atraviesan situaciones difíciles durante la Navidad.

En su mensaje, recordó las celebraciones de su infancia y contrastó esos recuerdos con su realidad actual, marcada por la reclusión de su hermana desde 2012.

“No todas las navidades son felices. Algunas personas que pasan las peores navidades son aquellas que se encuentran en duelo, están enfermas en el hospital o presas en la cárcel”, expresó al inicio del mensaje.

Gálvez relató que, desde hace años, una de sus visitas en estas fechas es al centro penitenciario donde se encuentra su hermana.

Describió las condiciones del encuentro y el impacto emocional que representa para su familia y se refirió a los comentarios realizados desde la 4T sobre el caso.

“Me parece cobarde que integrantes de la 4T se burlen de la situación de mi hermana”, afirmó.

Añadió que su familiar “está pagando una pena”, aunque sostuvo que la sentencia fue dictada sin que se consideraran pruebas en su favor.

Qué pasó con la hermana de la excandidata presidencial

Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz fue detenida en julio de 2012 por la entonces Policía Federal.

Las autoridades la señalaron como integrante del grupo criminal “Los Tolmex”, dedicado al secuestro en la Ciudad de México y el Estado de México.

En marzo de 2025, un juez federal la sentenció a 89 años de prisión por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con la investigación, participó en al menos dos secuestros, entre ellos el de una mujer identificada como Marcela “N” y su chofer, quienes fueron privados de la libertad en Tultitlán y liberados semanas después tras un operativo federal.

Durante la detención del grupo, las autoridades aseguraron dinero en efectivo, joyas y otros objetos presuntamente vinculados con el pago de rescates.

La postura de la 4T y los señalamientos públicos

Desde el oficialismo, la posición ha sido que el caso demuestra que la ley debe aplicarse sin importar vínculos familiares o filiaciones políticas.

Voces afines a la 4T han subrayado la gravedad de los delitos y la duración de la condena impuesta.

Entre los señalamientos difundidos se encuentran:

• La participación de Malinali Gálvez en la banda “Los Tolmex”.
• El énfasis en la sentencia de 89 años de prisión.
• Versiones que señalan el presunto uso del apellido Gálvez para atraer a las víctimas.
• Críticas a la defensa pública de la excandidata presidencial.

Estos posicionamientos han sido utilizados para cuestionar la congruencia del discurso opositor en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Defensa legal, entrevistas y acusaciones de uso político

Xóchitl Gálvez ha reiterado en distintos espacios que su defensa no implica impunidad.

En entrevistas, sostuvo que su postura es clara: “Si mi hermana es culpable, debe pagar”, aunque insistió en que el proceso ha estado marcado por irregularidades.

“Yo no soy culpable de nada. Absolutamente de nada. Tratar de vincular mi nombre con el caso me parece perverso y ajeno a la realidad”, declaró.

También pidió separar su carrera política del caso judicial: “Que se separe la historia, una cosa es ella y otra cosa es la excandidata presidencial”.

La defensa de Malinali Gálvez presentó una apelación argumentando violaciones al debido proceso y actos de tortura durante su detención, señalamientos que, según Xóchitl Gálvez, fueron acreditados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El proceso continúa en revisión judicial.