Incendian recicladora en Uruapan por presunto cobro de piso y hallan dos cuerpos abandonados en autopista

Hombres armados incendiaron con bombas molotov una recicladora ubicada en la colonia 12 de Diciembre, en Uruapan, Michoacán.

Alrededor de las 02:00 horas del 22 de diciembre de 2025, se emitió una alerta a los cuerpos de emergencia y de acuerdo con información recogida por el periodista César Aguirre, al sitio acudieron agentes del cuerpo voluntario de bomberos, así como efectivos de la Policía Municipal.

En el sitio los bomberos trabajaron durante aproximadamente tres horas para lograr sofocar el fuego; mientras tanto, los policías se encargaron de resguardar el perímetro para brindar seguridad a los combatientes.

Según el mismo periodista en la zona, trascendió que el negocio fue incendiado por presuntos temas ligados al incumplimiento de pago bajo el delito de extorsión y cobro de piso. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

Por otro lado, la mañana del lunes también fueron hallados dentro de un vehículo dos cuerpos abandonado sobre la autopista México-Guadalajara, en Tlalpujahua.

Las autoridades informaron que a través de una denuncia ciudadana se reportó a las autoridades sobre un vehículo compacto de color oscuro, el cual presentaba impactos de bala, mismo que estaba sobre la citada autopista, a la altura de la localidad Agua Caliente, municipio de Tlalpujahua, sitio al que se movilizaron las fuerzas del orden.

En el sitio localizaron sin vida a los dos ocupantes del automotor, por lo que la zona fue acordonada y resguardada por los elementos de seguridad, quienes se encontraban en espera de el personal de la Fiscalía, la cual se encargó del levantamiento de los cuerpos sin vida para trasladarlos al Servicio Médico Forense.

Estos hechos ocurren en un contexto de inseguridad elevado en la región, pues a menos de dos meses de que miembros de un grupo delictivo atacaran al alcalde de la región, Carlos Manzo, quien perdió la vida durante el Festival de las Velas el pasado 1 de noviembre de 2025, también detonó una bomba que afectó a la comunidad de Coahuayana.

El ataque dejó un saldo de al menos cinco personas fallecidas y cinco heridas, incluidos menores de edad. Las autoridades locales identificaron el uso de un dispositivo de control remoto para activar el explosivo.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres, afirmó que las investigaciones apuntan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como probable responsable de ambos hechos delictivos.

“Ya tenemos ubicados los rostros de quienes pudieron haber accionado mediante un dispositivo a larga distancia”, señaló el fiscal durante una conferencia de prensa.

Torres indicó además que la dependencia trabaja en la identificación de los involucrados.

La explosión en Coahuayana

La explosión impactó el mediodía del 6 de diciembre sobre la avenida Rayón, en el centro del municipio de Coahuayana. El estallido, destruyó la camioneta implicada y causó daños en un centro médico, viviendas, comercios y vehículos cercanos.

La unidad había cambiado de dueño meses antes y habría sido trasladada desde Colima, entidad limítrofe, el mismo día del ataque.

Entre los fallecidos figura el conductor del vehículo y dos personas hospitalizadas.

La presencia del CJNG en Coahuayana no es reciente. Tras dominar antiguamente los Caballeros Templarios, la región se mantiene como bastión de organizaciones delictivas debido a su extensa industria bananera —más de 7 mil hectáreas de producción— y su proximidad a la mina de Aquila, situada en el vecino estado de Colima.

Estos factores han convertido la costa michoacana en un escenario de disputas armadas por el control económico y territorial.

La violencia en Michoacán recrudeció tras el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, registrado en noviembre. El incidente amplificó el reclamo de la población local frente a la inseguridad y derivó en la presentación de un renovado plan nacional de pacificación, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, reiteró el objetivo prioritario del gobierno: contener la escalada de violencia y restaurar el control institucional en el estado.

Las autoridades continúan vigilando la zona afectada, mientras la Fiscalía General de la República colabora en las pesquisas para determinar las rutas y conexiones criminales utilizadas en el atentado.