El asesinato de Marisela Escobedo: 15 años de impunidad

La memoria de Marisela Escobedo Ortiz sigue resonando como símbolo de la interminable lucha contra la impunidad en materia de feminicidio en México. 15 años después de su asesinato, familiares y colectivos en Chihuahua mantienen vigente la exigencia de justicia, recordando no solo el feminicidio de Rubí Marisol Frayre, sino también la cadena de omisiones y complicidades institucionales que permitieron dos crímenes sin reparación.

El feminicidio de Rubí Frayre y las primeras fallas de la justicia mexicana

Rubí Marisol Frayre, de 16 años, fue asesinada en Ciudad Juárez en agosto de 2008 por Sergio Rafael Barraza, su pareja. El caso tomó notoriedad por la incansable labor de su madre, Marisela, quien no descansó hasta que las autoridades iniciaron una investigación formal.

Fue ella quien organizó la búsqueda, repartió volantes y recurrió a la prensa. Para enero de 2009, Marisela recibió el primer testimonio clave sobre el paradero y la responsabilidad de Barraza, quien finalmente confesó el crimen seis meses después e incluso señaló dónde había dejado el cuerpo. El análisis genético confirmó que los restos correspondían a Rubí.

A pesar de esta evidencia, la fiscalía no logró acreditar los cargos y Barraza recuperó la libertad. El argumento judicial fue la “falta de pruebas”, una decisión tomada por los jueces Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga, que terminó por empujar a Marisela a una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En la recomendación 44/2013, la CNDH expuso el cúmulo de deficiencias procesales y recomendó una disculpa pública, sumado al llamado para investigar la actuación de los servidores involucrados.

Marisela Escobedo se convirtió en activista

Tras la absolución de Barraza y la revictimización institucional sufrida durante el proceso, Marisela profundizó su activismo. Organizó protestas y plantones frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, demandando la recaptura del asesino de su hija y denunciando la corrupción en el sistema de justicia local.

Según la CNDH, en este caso se violaron los derechos a la legalidad, la seguridad jurídica, el trato digno, la debida procuración de justicia y el derecho a la verdad, situando a Marisela y su familia como víctimas de un doble agravio.

Cuando un tribunal superior finalmente revocó la liberación de Barraza, ya era tarde: el responsable había huido y consiguió refugio en la estructura criminal de Los Zetas. Desde entonces, y durante varios años, Marisela se convirtió en un referente nacional por su incansable lucha, organizando marchas y presionando desde el activismo para exigir una respuesta de las autoridades, lo que la llevó a recorrer varios estados del país.

El asesinato de Marisela Escobedo marcó el activismo de las madres por encontrar justicia

El 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo recogía las pancartas de su plantón en la explanada del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Poco después de las 21:00 horas, un hombre armado descendió de un vehículo, la persiguió y le disparó, privándola de la vida en presencia de testigos.

Según la Fiscalía, el responsable fue José Enrique Jiménez Zavala, alias El Wicked, identificado como miembro de Los Zetas y La Línea, las mismas organizaciones criminales con las que colaboraba Barraza. Jiménez declaró tras su captura que mató a la activista por órdenes del crimen organizado.

La muerte de Marisela fue un golpe para el movimiento social en favor de las víctimas de violencia de género y un recordatorio palpable de la vulnerabilidad de quienes denuncian la impunidad. En octubre de 2012, Jiménez Zavala fue presentado por las autoridades como presunto autor material del crimen.

Sin embargo, el 30 de diciembre de 2014, el asesino confeso falleció por un infarto en una celda de la prisión estatal, ocurrida a las 21:30 horas, luego de que un guardia lo detectó convulsionando y se le aplicaron maniobras médicas sin éxito.

Justicia pendiente y desplazamiento de la familia

Los años no han traído reparación para los familiares de Marisela, quienes viven desplazados fuera de México por temor a represalias. Colectivos a nivel nacional continúan señalando que la violencia contra mujeres y niñas en Chihuahua no ha sido revertida y que las recomendaciones de la CNDH permanecen incumplidas.

También persiste la denuncia sobre la trayectoria de los jueces implicados: después de dejar en libertad al asesino de Rubí, han ocupado posiciones en el gobierno local y la Comisión de Derechos Humanos estatal.

En noviembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó al Estado mexicano sobre la aceptación de una denuncia interpuesta en su contra por el feminicidio de Rubí y el asesinato de Marisela, otorgando un plazo de tres meses para presentar observaciones. El caso, llevado ante instancias internacionales por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Mexicanas y Mexicanos en el Exilio, subraya el impacto global de una historia que ha puesto en evidencia los profundos retos del Estado mexicano en la lucha contra el feminicidio y la impunidad.

A la fecha, colectivas conmemoran este día a las afueras del palacio de gobierno de Chihuahua, donde año con año recuerdan a la madre activista y a su hija, entre flores, veladoras y consignas en memoria de Marisela Escobedo, además, destacan que ambos crímenes siguen impunes sin que el Estado de una respuesta.

Estos son los puntos clave en el caso de Marisela Escobedo

1. La memoria de Marisela Escobedo representa la lucha contra la impunidad en feminicidios y la búsqueda de justicia sigue viva tras 15 años de su asesinato.
2. El caso de Rubí Frayre mostró graves fallas de autoridades y jueces, permitiendo la libertad del asesino pese a pruebas en su contra.
3. Marisela se volvió activista tras la revictimización de las instituciones, liderando protestas y denunciando corrupción.
4. Marisela fue asesinada por denunciar la impunidad, mostrando el riesgo que enfrentan las defensoras de derechos en México.
5. El caso llegó a instancias internacionales sin que hasta hoy exista justicia ni reparación para la familia, que vive desplazada por seguridad.