En México, ejercer el periodismo continúa siendo una labor de riesgo extremo. De acuerdo con datos actualizados de la organización Artículo 19, desde el año 2000 y hasta finales de 2025 han sido documentados 175 asesinatos de periodistas y personas comunicadoras en posible relación con su labor informativa. Esta cifra coloca al país como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la libertad de expresión fuera de zonas de guerra.
El registro oficial de la organización en favor de los derechos de las y los periodistas ―basado en investigación documental, testimonios, contactos locales, evidencia y cruce de información pública― incluye homicidios que ocurrieron en contextos donde el trabajo periodístico; sobre todo, en temas de seguridad, corrupción y crimen organizado, los cuales pudieron ser un factor determinante en el ataque.
Un sexenio histórico en violencia: el paso de Javier Duarte en Veracruz
El sexenio del exgobernador Javier Duarte (2010–2016) mantiene el récord como el más letal para la prensa: 18 periodistas fueron asesinados durante su administración; entre ellos, el fotoperiodista Rubén Espinosa, cuyo caso resonó internacionalmente por la brutalidad de los hechos y las lagunas en la investigación.
Sobre esa línea, Veracruz, históricamente, es la entidad con mayor número de periodistas asesinados en todo el país con un total de 31 víctimas documentadas.
Distribuidos por gobiernos federales desde 1994, los datos arrojan el siguiente desglose:
- Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000): tres asesinatos
- Vicente Fox Quesada (2000-2006): 22 asesinatos
- Felipe Calderón Hinojosa (2006–2012): 48 asesinatos
- Enrique Peña Nieto (2012–2018): 47 asesinatos
- Andrés Manuel López Obrador (2018–2024): 47 asesinatos
- Claudia Sheinbaum Pardo (desde septiembre 2024 hasta fines de 2025): ocho asesinatos
Más aún, aunque algunos sectores del gobierno federal han destacado una reducción general de homicidios en el país, esta disminución no se traduce necesariamente en mayor seguridad para quienes ejercen el periodismo.
2025: otro año letal en el ámbito de la prensa
El caso más reciente documentado es el del periodista Miguel Ángel Beltrán, quien fue asesinado el 25 de octubre de 2025 en Durango mientras ejercía su labor informativa. Aunque las autoridades no siempre reconocen el vínculo directo con su trabajo, Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) advierten que la mayor parte de las investigaciones judiciales siguen sin esclarecer de manera concluyente estos crímenes.
Crimen organizado e impunidad: las respuestas para los periodistas mexicanos, según Artículo 19
La violencia contra periodistas en México se explica, en buena parte, por la cobertura que estos realizan sobre narcotráfico, corrupción y violaciones a derechos humanos en territorios donde los cárteles ejercen control o fuertes influencias.
Entre octubre de 2024 y julio de 2025, diversas organizaciones, donde se incluyen RSF, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Artículo 19, documentaron múltiples casos de amenazas, hostigamiento y vigilancia previos a ataques letales en estados dominados por grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana y otros grupos armados.
Ese mismo contexto, la impunidad es la norma: investigaciones incompletas, protocolos de indagación mal aplicados y la estigmatización del periodismo por parte de autoridades federal o estatales han sido denunciados por organizaciones nacionales e internacionales.
Desapariciones, amenazas y zonas de silencio: la otra verdad mexicana
Además de los asesinatos, Artículo 19 registra 31 desapariciones forzadas o no esclarecidas de periodistas desde 2000. Muchas de ellas vinculadas con patrones de violencia y hostigamiento que anticipan crímenes posteriores.
Organizaciones como RSF y CPJ insisten en que la mayoría de estos casos se concentran en zonas donde la presencia del Estado es débil o está permeada por redes de complicidad entre autoridades y crimen organizado, lo que genera lo que denominan “zonas de silencio” ,donde la cobertura informativa se vuelve imposible sin poner en riesgo la vida.
La exigencia generalizada: el trabajo periodístico es una labor humana e importante
Todas las agrupaciones coinciden en demandas clave: investigaciones transparentes y exhaustivas que reconozcan la posible relación entre el trabajo periodístico y los crímenes, aplicación efectiva del Protocolo Homologado para Investigar Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, mayor protección preventiva para comunicadores en riesgo, así como una postura oficial que deje de estigmatizar a la prensa como “enemigo” o “actor político”.
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