Rosa Icela Rodríguez pide a gobierno de CDMX analizar leyes sobre edificaciones para cuidar mantos acuíferos

Esta mañana, y en sustitución de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria Rosa Icela Rodríguez hizo un nuevo llamado a las autoridades y el propio Congreso de la Ciudad de México para hacer una nueva revisión al manejo y preservación de los mantos acuíferos de la capital tras las recientes modificaciones a la nueva Ley General de Aguas..

En concreto, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a que los ajustes en la ciudad sean lo más pronto posible para poder resguardar estas zonas, las cuales, según investigaciones periodísticas, se han visto afectadas por el crecimiento del desarrollo inmobiliario en la CDMX:

“Me parece que el tema sobre la Ciudad de México (y los mantos acuíferos) lo deben valorar el gobierno de la ciudad y también en lo referente a la propia legislación (sobre edificaciones) o a su actualización sería al Congreso de la CDMX quienes tienen en conjunto que hacer esta valoración y los estudios correspondientes”, explicó.

Sobre esa misma línea, Rodríguez Velázquez sostuvo que esta problemática ha sido estudiada desde hace varios años por las autoridades capitalinos y, de igual forma, por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que no se dejará de lado.

Ley General de Aguas: esta es la nueva legislación aprobada en México

La Cámara de Diputados aprobó la nueva serie de reformas a la Ley de Aguas Nacionales la madrugada del 4 de diciembre de 2025, en una sesión maratónica de más de 24 horas. El dictamen pasó con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones. Poco después, el Senado confirmó la aprobación en lo general con 85 votos positivos contra 36 negativos.

Entre las modificaciones más relevantes destacan la prohibición de que las concesiones de agua sean transferibles entre particulares. En lugar de venderse o heredarse, cualquier cambio de propietario requerirá que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reasigne el volumen mediante un nuevo título.

También se establecen nuevas facultades para Conagua: podrá emitir medidas —temporal o permanentes— frente a situaciones de escasez, emergencia o uso indebido; regular concesiones, asignaciones y explotación del recurso, priorizando el consumo humano y doméstico.

Adicionalmente, en respuesta a reclamos de productores y usuarios de agua, se han introducido decenas de modificaciones al proyecto original, con la promesa de proteger derechos de ejidatarios, comuneros y usuarios de pozos, así como definir con claridad los nuevos requisitos y límites para obtención de concesiones.

Protestas y rechazo del campo: sin consultas a los pueblos originarios

La aprobación de la ley no fue pacífica. Organizaciones campesinas y productores agrícolas de varios estados —incluyendo Puebla, Tlaxcala y Veracruz— respondieron con bloqueos carreteros, movilizaciones hacia la Ciudad de México y advertencias de cierres masivos de carreteras, garitas y aduanas. Denuncian que la prohibición de transferir concesiones desvaloriza la tierra, afecta la herencia y limita la operación del campo.

Críticos de la ley advierten que deja en manos del Estado el control de los derechos de agua, lo que podría beneficiar grandes empresas a expensas de pequeños productores. El senador de oposición Mario Vázquez Robles sostuvo que la reforma “podría colapsar el campo” al dañar patrimonio familiar y producción agrícola.

A pesar de los cambios aceptados como herencias garantizadas en algunos casos y ajustes a multas y sanciones, muchos agricultores consideran insuficientes las garantías. Aseguran que la ley, tal como fue aprobada, representa “el último clavo al ataúd del campo mexicano”.