
Este 12 de noviembre de 2025, la reciente decisión del Pleno de la Cámara de Diputados respaldó con 467 votos a favor la reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, marca un hito para los titulares de tarjetas de crédito y débito en México.
Las modificaciones, impulsadas por el diputado Ricardo Monreal Ávila, imponen criterios estrictos a las entidades financieras y comerciales, enfocándose en la protección del consentimiento y los derechos de los usuarios.
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Según las nuevas disposiciones, quien reciba una tarjeta bancaria sin haber autorizado explícitamente su emisión quedará eximido de cualquier responsabilidad. La iniciativa establece que es nula de pleno derecho la entrega de tarjetas sin el consentimiento expreso del usuario, por lo que no será obligatoria su cancelación y tampoco podrán generarse cargos por anualidad, comisiones, ni repercusiones en el historial crediticio.
Si existieran cobros indebidos, estos deberán ser reembolsados en un máximo de cinco días hábiles una vez reportados, evitando así notificaciones negativas ante el Buró de Crédito.
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El proceso de cancelación se transforma de raíz: los usuarios podrán solicitarla de manera presencial, telefónica o por medios digitales, y la entidad emisora tendrá entre tres y cinco días hábiles para formalizar la terminación del contrato, sin que implique ningún cobro, comisión o penalización.
El comprobante, físico o digital, deberá certificar el cierre definitivo del producto financiero y será entregado una vez que el proceso concluya. La clave de este cambio recae en que, para los servicios virtuales, la banca en línea y las aplicaciones móviles deberán contar con un botón de cancelación visible y disponible en todo momento, garantizando la accesibilidad continua.
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Disposiciones más claras en cuanto a comisiones o cargos en tarjetas al momento de la contratación
El diputado Monreal presentó también propuestas para que el Banco de México elabore reglas más estrictas contra las comisiones encubiertas o cargos disfrazados, como seguros o membresías no autorizadas.
De acuerdo con su exposición, estas medidas buscan eliminar prácticas que distorsionan una contratación informada y voluntaria.
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“Se busca impedir prácticas de adhesión forzada, encubierta o engañosa que contravienen la autonomía de la voluntad y los principios generales del derecho contractual”, aclaró el legislador.
La magnitud del problema queda reflejada en los datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef): tan solo en 2024, se recibieron 251 mil 528 reclamaciones; de estas, 7 mil 594 estuvieron relacionadas con cancelaciones ignoradas o bloqueadas por las instituciones.
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Frente a ese escenario, la reforma busca impedir obstáculos y dilaciones, consolidando el ejercicio real y efectivo del derecho a cancelar tarjetas bancarias en cualquier momento y sin trabas.
Este nuevo marco normativo pretende, en suma, asegurar que cada contrato de servicios financieros sea fruto de una voluntad informada, blindando a los usuarios contra productos no solicitados, cobros ocultos y reportes injustificados, y establece una ruta clara para cancelar de manera eficiente cualquier tarjeta de crédito o débito en el país.
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