
La periodista y codirectora del Semanario ZETA, Adela Navarro Bello, denunció que a partir de la publicación “Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”, y la irrupción de Manuel Cisneros Romero en las oficinas del semanario en Baja California, acompañado de escoltas y portando un arma, ha estado recibiendo una ola de comentarios negativos y lo que podría ser una campaña de desprestigio.
Lo anterior es importante mencionar, ya que según la organización Article 19, desde el año 2000 a la fecha se han registrado 174 asesinatos de periodistas, de los cuales ocho han tenido lugar durante los primeros 407 días de gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.
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En entrevista con Infobae México, la periodista relató que el empresario llegó a las instalaciones por la publicación de la investigación en la que se vincula a su hijo, Omar Cisneros Salcedo, con el crimen organizado, y exigió a la codirectora del medio que le presentara pruebas de las acusaciones sin embargo, ella no se encontraba en las oficinas.

“Yo no estaba en la oficina ese día, pues como directora del semanario dedico unos días a la cuestión editorial y otros días a la cuestión administrativa”, aseguró.
Durante el incidente, uno de los acompañantes de Cisneros Romero divulgó públicamente la dirección de Navarro, incrementando el nivel de amenaza contra la periodista y su equipo, por ello se presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado por amenazas y otra más ante la Fiscalía General de la República (FGR) por violencia mediática y digital.
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Además, Navarro Bello destacó que nunca recibió una solicitud formal de derecho de réplica ni contacto previo por parte del empresario, sino que se enteró luego de que Cisneros Romero llegara con medios de comunicación a las instalaciones y que además difundiera su domicilio. Tras los hechos, el mecanismo de protección estatal otorgó resguardo tanto a Navarro como a las instalaciones del medio.
Además, subrayó que este caso ha marcado una diferencia por la agresividad digital vivida tras los “en vivos” y pronunciamientos públicos del empresario. “Siempre hemos hecho periodismo de investigación, no exentos de amenazas, pero no en este grado de agresividad digital”, señaló.
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Por otra parte, mencionó la posibilidad de que dichos actos se puedan tratar de una estrategia para desacreditar tanto su labor como la del Semanario Zeta. “Sí, esa impresión nos da porque a raíz de los en vivos que realizó, se vino una ganada de insultos”, puntualizó.

El reportaje en cuestión, firmado bajo el nombre de “Investigaciones Z”, retoma únicamente las líneas de investigación que la Fiscalía General del Estado de Baja California mantiene activas. Entre ellas se incluyen un litigio entre familias, posibles casos de extorsión o cobro de piso, y vínculos con el crimen organizado y cárteles inmobiliarios.
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Navarro recalcó que “no tenemos la capacidad ni la autoridad para investigar como ministerio público, publicamos la información que proveen las autoridades”, por lo que según su testimonio, han pedido a la Fiscalía del estado que le sean proporcionadas estas indagaciones a Manuel Cisneros Romero, padre de Omar Cisneros, quien fue asesinado el pasado 18 de octubre en Ensenada.
Por otra parte, mencionó que a pesar de recibir apoyo de organismos dedicados a la protección de periodistas, como lo son Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras, existe una marcada desigualdad respecto al acceso de protección entre periodistas y actores económicos o políticos.
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Navarro reiteró que el semanario no ha dejado de cubrir los avances en el caso Cisneros, consultando además a la fiscalía para responder públicamente que las versiones investigadas son oficiales. Además, expresó que seguirá ejerciendo el periodismo de investigación en temas de corrupción, crimen organizado y extorsión, pese al clima de hostilidad y añadió: “No nos gustaría ser parte de la nota, sino los entrevistadores. Pero lo tenemos que hacer para protegernos y para que la sociedad sepa en qué condiciones estamos haciendo nuestro trabajo”, finalizó.
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