Profepa realiza 31 clausuras en costas del país por proyectos inmobiliarios: estas son los estados inspeccionados

Las acciones coordinadas para la protección ambiental en las costas mexicanas han dejado una fuerte marca en más de una decena de entidades del país tras las recientes intervenciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La dependencia federal realizó un extenso operativo a finales de octubre, dirigido especialmente a identificar daños sobre manglares, humedales y otros ecosistemas costeros afectados por proyectos inmobiliarios y actividades no autorizadas.

De acuerdo con la información oficial, entre el veintisiete y 31 de octubre se llevaron a cabo cincuenta inspecciones en catorce estados, involucrando procedimientos tanto en zonas de obra como en áreas clasificadas como Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). La cifra más contundente: 31 clausuras, entre totales y parciales, fueron impuestas de manera temporal a desarrollos y proyectos que operaban sin aprobación ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La operación conjunta movilizó a 151 funcionarios entre elementos de la Profepa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, policías estatales y personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Los estados bajo revisión incluyeron Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Casos destacados de las inspecciones de Profepa

Entre los casos más representativos sobresale el de Ensenada, Baja California, donde se clausuró un predio por la apertura de un acceso hacia un proyecto de extracción de materiales pétreos, que alteró un área de matorral rosetófilo de 1.5 hectáreas. Al sur, en el municipio de La Paz, Baja California Sur, tres terrenos fueron intervenidos por cambio de uso de suelo y obras en zonas costeras realizadas sin permisos forestales ni de impacto ambiental.

Otras entidades también reportaron cierres significativos. En Michoacán, de trece inspecciones realizadas en playas emblemáticas como Tortuga, Carrizalillo, Eréndira y Azul, resultaron siete clausuras ante construcciones y rellenos no autorizados.

Por su parte, en el estado de Guerrero, el retiro de diez estructuras tipo vivienda dentro del Parque Nacional El Veladero permitió liberar área invadida en el polígono oriental del espacio natural protegido.

Destaca también la clausura de obras por relleno de humedales en la zona de Bahía de Banderas, Nayarit, y la suspensión de plataformas construidas sobre terrenos ganados al mar en el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, en Campeche.

En Oaxaca, se limitaron actividades turísticas por la afectación directa de la selva baja caducifolia y vegetación costera.

El control también llegó a Quintana Roo, donde se inspeccionaron áreas marinas claves y se instruyó a embarcaciones el retiro inmediato de sus anclas en zonas con pastos marinos, protegidas de esa actividad.

Mientras tanto, en Yucatán, cinco proyectos inmobiliarios en Chicxulub Puerto, Progreso y San Crisanto recibieron cierres por graves afectaciones a dunas costeras y matorrales, dentro y fuera del área protegida Ría Celestún.

En el caso de Sinaloa, los sellos de clausura se colocaron en dos obras que avanzaban dentro de la Isla Las Ánimas, área natural protegida de las Islas del Golfo de California.

En Tabasco, la autoridad documentó el retiro indebido de sellos oficiales tras la clausura de canales y obras, hecho por el cual informó que se presentaría denuncia penal correspondiente.

Además, se suspendieron parcialmente los trabajos de ampliación de un hotel y de construcción de un condominio en Playa Miramar, Tamaulipas, ante la ausencia de permisos ambientales, y se limitó un restaurante en Mandinga, Veracruz por intervenciones en zonas de manglar y humedales.

Todas estas acciones respondieron, según la Profepa, a la urgencia de preservar ecosistemas cruciales que “protegen las costas, regulan el clima y sustentan la biodiversidad y la economía regional”.

La importancia de estos escenarios, según la autoridad ambiental, radica en la provisión de servicios esenciales, desde la defensa costera frente a tormentas e inundaciones, hasta el mantenimiento de hábitats pesqueros y el almacenamiento de carbono, sin ignorar su relevancia como fuente de agua y materias primas para las comunidades locales.