La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, a que informe sobre los avances sobre la denuncia presentada contra el exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, acusado de lavado de dinero y presuntos vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal también confirmó que su gobierno continúa con la revisión nacional del funcionamiento de las notarías públicas, luego de que se diera a conocer que Figueroa Ortega mantiene la titularidad de la Notaría Pública número 72 del estado de Aguascalientes, pese a las acusaciones en su contra.
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Al ser cuestionada sobre la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la cual apunta que el exfiscal y su sobrino Aarón Elías Cruz Figueroa habrían movilizado más de 478 millones de pesos entre 2019 y 2025 a través de empresas fachada y triangulación de recursos, Sheinbaum afirmó que corresponde a la FGR investigar y esclarecer los hechos.
“Hay que preguntarle a la Fiscalía”, respondió la presidenta al ser consultada sobre los avances del caso, destacando la autonomía del órgano investigador y la responsabilidad que le compete en este tipo de indagatorias relacionadas con delincuencia organizada.
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Investigación a notarias
Pese a ello, Sheinbaum precisó que su administración ya analiza los casos de presunta corrupción en notarías del país. “Las notarías lo comentamos y se va a revisar. Los casos que hay documentados de falsedades o de corrupción sí los estamos revisando. Lo está viendo Ernestina Godoy (consejera jurídica del Ejecutivo Federal), pero en casos específicos como este que actúen las fiscalías o la Fiscalía General de la República”, subrayó.
Jesús Figueroa, quien estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes durante el gobierno panista, fue señalado en una investigación periodística de Revolución 3.0 como presunto líder de una red de lavado de dinero que habría operado con apoyo de su sobrino y exsubalternos, aprovechando recursos públicos y la estructura institucional de la propia Fiscalía.
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La denuncia también alerta sobre el uso de la notaría pública a su cargo para la escrituración de bienes presuntamente relacionados con integrantes del crimen organizado, así como su estrecha relación con el exgobernador Martín Orozco Sandoval, quien habría otorgado dicha patente notarial tras finalizar su mandato.
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