El Congreso del Estado de Chiapas aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, una medida que busca enfrentar la alta incidencia de embarazos infantiles y adolescentes en la entidad.
La nueva norma establece la obligación de garantizar en las instituciones del Sistema Estatal de Salud el acceso a este procedimiento para niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de violación, así como notificar a las autoridades encargadas de la investigación de los delitos sobre los hechos ocurridos.
Durante la sesión ordinaria en la que se avaló la iniciativa, se recalcó que “las niñas y adolescentes que hayan sido violentadas puedan acceder a un procedimiento médico seguro, gratuito y de calidad, sin discriminación, bajo los principios de dignidad humana con perspectiva de género, con interés superior de la niñez y no de criminalización, porque el embarazo infantil no es una elección, es la consecuencia de un delito”, afirma el boletín oficial del Congreso local.
El dictamen se aprobó con 31 votos a favor, dos en contra, dos abstenciones y cinco ausencias, en un pleno que fue presidido por la diputada Alejandra Gómez Mendoza.
Chiapas ocupa el primer lugar en embarazos infantiles a nivel nacional y el segundo en embarazo adolescente, según cifras oficiales y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En la entidad se reportan más de mil partos anuales en niñas menores de 15 años y al menos un embarazo infantil diario. Estos embarazos, en su mayoría, son consecuencia de violencia sexual.
“El embarazo infantil no es una elección, es la consecuencia de un delito”, reiteró en tribuna la diputada Marcela Castillo. Entre enero y agosto de 2025, los delitos de pederastia, violación y estupro contra menores aumentaron 12 por ciento respecto al mismo periodo de 2023, de acuerdo con información citada en el Congreso.
La nueva legislación dispone que la decisión de interrumpir un embarazo sea “libre, informada y respetuosa de la dignidad humana, con base en principios de no criminalización y perspectiva de género”. Además, mandata la notificación inmediata a las autoridades para que se investiguen los delitos correspondientes. La norma también contempla la capacitación del personal de salud y la creación de protocolos de atención diferenciada, indispensables en un estado caracterizado por contextos de pobreza, marginación y barreras lingüísticas que afectan especialmente a la población indígena.
La Secretaría de Salud de Chiapas tendrá 180 días hábiles para emitir el reglamento que garantice la aplicación efectiva de la ley en las instituciones del Sistema Estatal de Salud.
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