
La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó que el ataque perpetrado la noche del 15 de octubre contra su sede de la unidad antisecuestros en Playas de Tijuana fue ejecutado mediante drones que lanzaron tres artefactos explosivos hechizos.
Las autoridades estatales informaron que la investigación se realiza bajo el delito de terrorismo, en medio de un contexto de incremento en las agresiones contra instalaciones de procuración de justicia en la entidad.
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¿Qué pasó en Playas de Tijuana?
De acuerdo con la fiscal general María Elena Andrade Ramírez , el incidente se registró a las 19:06 horas en la sede de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, ubicada en avenida El Picacho, colonia Playas de Tijuana. En ese momento, el personal del turno completo se encontraba presente; algunos empleados llegaban de audiencias y otros realizaban labores de gabinete.
La fiscal relató, en conferencia de prensa realizada la madrugada de este jueves, que se escucharon detonaciones y, de inmediato, agentes advirtieron la caída de explosivos en el patio de las instalaciones.
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Según su explicación, los artefactos eran botellas de plástico llenas de pólvora, clavos, balines y fragmentos metálicos, enganchadas a drones que operaban a distancia.
Andrade Ramírez enfatizó que estos dispositivos no corresponden a bombas molotov ni a mecanismos incendiarios clásicos: “Son artefactos hechizos que, al impactar, expanden su contenido sobre las superficies, lo que propicia daños en carros y cristales”.
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La fiscal mostró imágenes y videos de los daños: señaló orificios en las láminas de los vehículos y daños en los vidrios laterales y traseros, causados por la fuerza de los fragmentos metálicos lanzados al impactar. Detalló que los explosivos se dirigieron exclusivamente hacia el patio de la unidad y que los vehículos afectados pertenecen a empleados presentes en la instalación: resultaron dañados tres vehículos particulares y uno oficial.
La fiscal aclaró que los daños, aunque relevantes, no destruyeron los autos en su totalidad ni provocaron incendios, pero requerirán reemplazo de vidrios y reparación de carrocería.
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Sin heridos ni incendio; descartan disparos
La FGE aclaró que, pese a la confusión generada inicialmente, no hubo incendio de vehículos ni personas heridas. Tanto al interior como en el exterior de las instalaciones, ningún agente ni ciudadano resultó lesionado.

También se descartó que los responsables hayan realizado disparos durante el ataque: “Se descartan disparos de arma de fuego por parte de los agresores”, puntualizó la fiscal, aunque reconoció que después del atentado sí hubo disparos preventivos por parte de agentes de seguridad ante el sobrevuelo de un dron, presuntamente de una autoridad, sin que hasta el momento se confirme el origen del aparato.
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La fiscal subrayó que en esa sede habitualmente se manejan casos de alto impacto, incluyendo investigaciones sobre homicidios y privaciones de la libertad.
Investigan terrorismo
En la conferencia, la fiscal general detalló que es la primera vez que se documenta el uso de drones para un ataque directo contra la fiscalía en Baja California. Señaló que los artefactos fueron operados a distancia y su mecanismo permitía transportar la carga explosiva por varios kilómetros antes de ser detonada.
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El Ministerio Público investiga estos hechos bajo la figura penal de terrorismo y mantiene coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones federales, que acudieron al lugar para recabar información y analizar la posible atracción del caso.
De momento, las tareas periciales han quedado en manos de la FGE, que tomó control de la escena y procesó la evidencia.
Las autoridades no descartan vínculo con ataques previos sufridos por la fiscalía —en particular, ataques contra instalaciones en la entidad durante septiembre— y asocian el atentado con la presión generada por recientes detenciones de líderes y miembros de células de crimen organizado.
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“Este tipo de agresiones responde al trabajo de combate a delitos de alto impacto, especialmente homicidios y secuestros, donde tenemos más de dos mil cateos y detenciones relevantes de enero a la fecha”, expuso Andrade Ramírez.
¿Qué se sabe de los agresores?
Sobre la autoría, la titular de la fiscalía confirmó la hipótesis de participación de grupos con recursos y planeación suficiente para emplear tecnología de este tipo, aunque indicó que se trata de información reservada en el marco de la investigación.
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La funcionaria reiteró que el ataque no tuvo como objetivo a la población civil ni buscó dañar la zona residencial contigua ni la franja fronteriza, sino que la agresión fue precisa y dirigida únicamente al patio de la institución.
La fiscal reconoció que la investigación presenta retos adicionales por la ausencia de presencia física de los agresores, ya que el uso de drones limita la posibilidad de identificar rostros, vehículos o placas, como ha ocurrido en eventos del pasado donde sí se logró detener a los responsables.
Reconoció que no se ha determinado plenamente el origen de un dron que fue sobrevolado tras el ataque.
A pesar de ello, afirmó: “Contamos con tecnología y recursos para dar seguimiento a los hechos. Nuestro compromiso es que este ataque cobarde no quede impune”.
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