Chiapas y su crisis por violencia contra defensores de DDHH: 156 ataques en año y medio

Chiapas atravesó una situación crítica en materia de derechos humanos tras el reporte de 156 ataques contra personas defensoras, incluidos cuatro homicidios entre enero de 2024 y junio de 2025, según datos de la red Espacio OSC.

De acuerdo con organizaciones civiles, los defensores de derechos humanos se encuentran en un contexto dominado por la intimidación, la criminalización y la violencia armada, que despertó preocupación a nivel nacional e internacional.

“Chiapas es uno de los estados más pobres del país, con desigualdades que impactan especialmente a pueblos indígenas, mujeres y niñez. Urge que el gobierno estatal y federal adopten una política de protección y promoción de derechos humanos en diálogo con la sociedad civil”, señaló Espacio OSC en un comunicado.

El estado ocupa actualmente el quinto lugar nacional en número de defensores y periodistas bajo medidas de protección del Mecanismo federal, lo que evidencia el alto grado de riesgo que enfrenta el sector.

Espacio OSC y Protect Defenders EU denunciaron que la violencia se extendió también hacia organizaciones emblemáticas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Dignificación Humana, ambas víctimas de ataques directos, hostigamiento y vigilancia.

Uno de los casos más graves ocurrió contra Dora Roblero, directora del Frayba, cuyo domicilio fue allanado. Tras este ataque, la organización documentó al menos 46 agresiones desde 2024, que van desde difamaciones y amenazas hasta ataques armados.

A pesar de que el Frayba cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace más de una década, el riesgo persiste sin previsiones de una disminución de amenazas.

Criminalización y estigmatización de activistas

Otro ejemplo es el arresto de Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana, ocurrido el 5 de agosto de 2025 en Tapachula, mientras se organizaba una nueva caravana migrante.

Pese a ser absuelto por falta de pruebas de los delitos de crimen organizado y trata de personas, el activista fue estigmatizado públicamente por autoridades federales, en un patrón que se repitió contra otros defensores como Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica.

“Los ataques recientes contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Centro de Dignificación Humana evidencian los graves riesgos que enfrentan quienes defienden la vida y el territorio”, advirtió Protect Defenders EU.

México, sin cumplir con sentencias internacionales

Espacio OSC recordó que el Estado mexicano no ha cumplido con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2021 tras la sentencia por el asesinato de la defensora Digna Ochoa.

Asimismo, recordó que entre 2016 y 2025 fueron asesinadas 177 personas defensoras y 88 periodistas, además de 28 intentos de homicidio y 62 desapariciones vinculadas a su labor, de las cuales 23 permanecen sin localizar.

Las cifras oficiales reflejan un déficit grave de protección: entre enero de 2023 y julio de 2025 se admitieron solo el 32% de las solicitudes de defensores en riesgo y el 55% de las de periodistas, cifras que dejaron a la mayoría fuera de cobertura del Mecanismo federal.

En el mismo periodo, se presentaron 85 amparos y 44 recursos de inconformidad contra dicho programa.

Los riesgos en Chiapas abarcan desde masacres, como la de Nueva Morelia, hasta el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez y los ataques contra miembros de Las Abejas de Acteal, con presunta participación tanto de grupos criminales como de fuerzas de seguridad estatales.

“La impunidad persiste sobre los crímenes cometidos en perjuicio de las personas defensoras. Urge una política pública que garantice su seguridad y el fortalecimiento institucional del Estado mexicano”, concluyó el pronunciamiento.