Tras la aprobación unánime del dictamen en el Senado, la reforma constitucional en materia de extorsión ha sido remitido a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México, para su análisis y eventual aprobación.
En caso de ser aprobado, el proyecto tegresará al Congreso de la Unión para su declaratoria de consticucionalidad y de esta forma el Poder Ejecutivo podrá promulgar la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De esta forma, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría promulgar la reforma contra la extorsión en el marco de la celebración del 1 de octubre, cuando cumple un año de asumir la presidencia de la República.
Este cambio a la Constitución busca luchar contra uno de los delitos que más afecta a las familias mexicanas, al dotar al Congreso de la Unión de la facultad para expedir la Ley General contra la Extorsión y establecer un marco jurídico homogéneo en todo el país.
La reforma, que forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, permitirá que el delito de extorsión sea perseguido de oficio, además de homologar penalidades y agravantes en las distintas entidades federativas.
Según Laura Castillo Juárez, presidenta del Senado, este instrumento legal fortalecerá la coordinación entre la Federación y los estados, lo que representa un avance significativo en la protección de la sociedad.
El texto subraya la necesidad de evitar la fragmentación jurídica que actualmente dificulta la procuración e impartición de justicia, generando inseguridad para las víctimas.
La disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos penales locales ha sido identificada como un factor que debilita el combate a la extorsión y facilita que la delincuencia organizada aproveche las contradicciones legales para evadir la justicia.
Por ello, la expedición de una ley general se considera un paso indispensable para establecer criterios uniformes de investigación, persecución y sanción.
La coordinación entre los tres niveles de gobierno se verá fortalecida para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña Waldenrath, señaló que la extorsión no es un delito menor ni aislado, sino un flagelo que afecta hogares, negocios, instituciones y comunidades enteras.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registró un promedio diario de casi 30 extorsiones, lo que representa un incremento del 57 % en seis años.
Por su parte, el INEGI reportó que en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas, con un costo superior a 124.000 millones de pesos, equivalentes al 0,51 % del Producto Interno Bruto (PIB).
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