El presidente de la organización civil Perteneces AC, José Mario de la Garza, señaló que desde 2022 existía una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre presuntas irregularidades de mandos navales relacionados con el contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal. Según expuso, el almirante Rafael Ojeda habría entregado esa información, pero durante más de dos años y medio no se registraron aseguramientos en los puertos.
De acuerdo con De la Garza, en ese periodo continuó el ingreso y salida de buques cargados con millones de litros de diésel, sin que se aplicaran acciones de control. Aseguró que esa inacción ocasionó pérdidas millonarias al erario, además de permitir que las operaciones de contrabando se mantuvieran activas de forma ininterrumpida.
El primer aseguramiento se realizó hasta marzo de 2025 en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Ahí, el buque Challenge Procyon fue retenido con cerca de 63 mil barriles de combustible no declarado, equivalente a unos 10 millones de litros.
La incautación del Challenge Procyon derivó en cateos e investigaciones adicionales. Meses después, la FGR reportó la detención de 14 personas implicadas, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.
El dirigente de Perteneces AC cuestionó la diferencia temporal entre la denuncia inicial y la primera acción concreta, ya que transcurrieron aproximadamente 30 meses sin resultados. Afirmó que esa brecha contradice el discurso gubernamental de “cero impunidad” y debilita la credibilidad institucional frente a la ciudadanía.
De la Garza sostuvo que el caso evidencia fallas en los mecanismos de vigilancia y aplicación de la ley en materia portuaria y energética, dado que las alertas presentadas en 2022 no se tradujeron en acciones inmediatas.
En su posicionamiento, subrayó que el operativo de Tampico confirma la existencia de un entramado de contrabando que operó de manera sostenida durante años, a pesar de que las autoridades federales ya contaban con información sobre los posibles responsables.
Vinculación a proceso
El vicealmirante Farías Laguna y nueve elementos más de la Semar fueron vinculados a proceso por presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos.
La investigación señala que buques con cargamentos de diésel ingresaban a puertos mexicanos declarando el producto como aditivos, lo que provocó pérdidas económicas significativas.
La audiencia, realizada en los juzgados federales del Altiplano en Almoloya de Juárez, se prolongó más de 18 horas entre el lunes y la madrugada de este martes. La Fiscalía General de la República expuso la existencia de una estructura con capacidad financiera y operativa, presuntamente sostenida con la complicidad de funcionarios y militares activos o retirados.
De acuerdo con la imputación, Farías Laguna ejercía funciones de dirección al autorizar perfiles de integrantes y coordinar operaciones en aduanas. Otros procesados, como Climaco “N” y Humberto “N”, habrían facilitado movimientos de personal en puntos estratégicos.
El juez reclasificó los delitos a delincuencia organizada con fines vinculados al manejo ilegal de hidrocarburos y ordenó prisión preventiva justificada a los diez acusados, quienes permanecerán recluidos seis meses mientras concluye la investigación.
Los procesados también incluyen a Sergio “N”, Carlos “N”, Fernando “N”, Erendia “N”, Perla “N”, Anatalia “N” e Israel “N”. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en total suman 14 los detenidos, y aún falta definir la situación legal de los otros implicados.
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