La confirmación oficial de que Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California por el Partido Acción Nacional (PAN), es investigado por presuntos vínculos con el contrabando de combustible ha generado un intenso debate público en México.
De acuerdo con las investigaciones, enmarcadas en una operación nacional contra el llamado huachicol fiscal, involucran a la empresa Ingemar S.A. de C.V., de la cual Ruffo es accionista, y se produce tras el decomiso de más de 15 millones de litros de hidrocarburo en Coahuila.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades federales han intensificado las acciones legales contra funcionarios, empresarios y militares presuntamente implicados en esta red de contrabando.
FGR y ANAM ejecutan operativo nacional contra huachicol, vinculan a Ruffo Appel
La operación federal, coordinada por la FGR y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), contempla la ejecución de más de 200 órdenes de aprehensión en todo el país.
Según información recabada por Proceso, la estrategia responde a la detección de una red de contrabando de combustible que habría operado durante varios años, afectando al erario y a la legalidad en el sector energético.
El decomiso realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, donde se incautaron 15,48 millones de litros de hidrocarburo, marcó un punto de inflexión en la investigación, al vincularse directamente a la empresa Ingemar y a otras compañías señaladas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por presunta falsificación de documentos.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó ante la prensa que la investigación federal incluye a un exgobernador del PAN, en referencia a Ruffo Appel.
“Vamos a estar atentos a lo que establezcan las autoridades federales y las investigaciones que se estén llevando a cabo. Involucra a un exgobernador del PAN, así es”, declaró Ávila Olmeda, quien calificó la operación como “una gran estrategia” impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria subrayó que las acciones judiciales y administrativas ya se han puesto en marcha y que la vigilancia sobre el caso continuará a nivel nacional.
El origen de la investigación se remonta al decomiso de combustible en Coahuila, donde la SSPC identificó irregularidades en la documentación presentada por Ingemar y la empresa estadounidense Belar Fuels.
Las autoridades federales detectaron inconsistencias el 8 de julio de 2025, lo que llevó a la suspensión de actividades de Ingemar y a la apertura de procedimientos administrativos y penales.
Ruffo Appel, quien ha sido señalado como socio de la empresa —con versiones encontradas sobre si su participación es mayoritaria o minoritaria—, sostuvo que la compañía cuenta con certificaciones de la Aduana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Energía, y que el permiso de importación se obtuvo hace siete años mediante un amparo.
Ruffo Appel responde a señalamientos y niega irregularidades en empresa investigada
En respuesta a la investigación, Ruffo Appel reiteró públicamente su disposición a colaborar con las autoridades y su convicción de que no existe ninguna irregularidad en las operaciones de Ingemar.
“Aquí está toda la información, yo no tengo nada que ocultar”, afirmó en entrevista con ZETA Tijuana.
El exgobernador explicó que la empresa suspendió sus actividades desde julio, tras recibir un requerimiento de documentación por parte de la SSPC, y que desde entonces han revisado todos los papeles internos.
Ruffo subrayó que cualquier asunto pendiente con el comercializador es de índole interna y que, en lo que respecta a las autoridades, la empresa ha cumplido con todos los requerimientos.
En cuanto a la interacción con las autoridades, Ruffo Appel precisó que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación formal de la FGR ni ha sido objeto de una auditoría directa.
“Lo único que ha sucedido es que hemos tenido requerimientos de información por la aduana, los cuales hemos respondido, y también el SAT. Todo está contestado, pero esas son las autoridades administrativas. Entonces, lo que sale en los periódicos se desprende de especulaciones. Hasta ahorita es lo que puedo ver, porque algún documento oficial no ha habido ninguno”, declaró el exgobernador.
Según su versión, la empresa ha entregado toda la información solicitada por las instancias administrativas y permanece a la espera de cualquier requerimiento adicional.
La postura de Ruffo Appel frente a la investigación incluye una crítica abierta al sistema judicial mexicano y una negativa a buscar protección legal mediante un amparo.
El exfuncionario argumentó que el Poder Judicial de la Federación se encuentra influido por intereses del Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que, en ese contexto, los amparos han perdido su eficacia como herramienta de defensa.
Para Ruffo, la situación actual deja a los ciudadanos expuestos a las decisiones de la autoridad, sin garantías efectivas de protección judicial.
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