El caso de una niña de nueve años que denunció abuso sexual dentro de instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Cozumel, Quintana Roo, ha detonado exigencias de colectivos feministas y defensores de derechos humanos para que se realice una investigación exhaustiva y se aclare el grado de responsabilidad institucional.
La menor, según la denuncia publicada en redes sociales el 30 de agosto de 2025, fue abordada en la vía pública por Jairo ‘N’, militar en activo, quien la trasladó en motocicleta e ingresó con ella a la base militar con la anuencia del personal de guardia.
El testimonio de la víctima describe que fue llevada a una vivienda dentro del complejo, presentada ante otras menores –aparentemente hijas del propio agresor– y víctima de agresiones y amenazas.
Más tarde, el abuso continuó en una zona apartada donde la niña logró huir tras ser arrojada del vehículo. El escape concluyó cuando buscó ayuda entre vecinos.
A raíz de estos hechos, los padres de la menor, vendedores ambulantes, señalaron que las autoridades intentaron responsabilizarlos y criminalizarlos.
El alcalde de Cozumel, José Luis Chacón Mendez, declaró que la culpa recaía en la familia por permitir que la niña estuviera sola en sábado por la noche, comentario que, a juicio de los colectivos, va en contra de lo dispuesto en la Ley General de Víctimas y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La familia denunció que se les obligó a firmar declaraciones falsas para presentar al responsable como un “cliente” y no como agresor, además de sufrir hostigamiento por parte de la Fiscalía General del Estado y personal militar.
Los colectivos subrayan que la respuesta institucional ha buscado minimizar el caso y lavar la imagen de las autoridades.
Según su denuncia, el gobierno local ofreció uniformes y útiles escolares a la familia para disuadir a la niña de seguir trabajando, pero sin acciones para garantizar acceso a justicia, seguridad ni reparación integral.
“Estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos de la niña y su familia, vulnerando el principio del interés superior de la niñez, debidamente protegido y reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)como en diversos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, en los términos del artículo 113 de la CPEUM, como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en la Ley General de Acceso de lasMujeres a una Vida Libre de Violencia”, señalaron los colectivos en el escrito.
Por ello, los colectivos exigen a las autoridades cumplir las siguientes medidas:
- Disculpa pública y renuncia inmediata del presidente municipal José Luis Chacón Méndez por declaraciones revictimizantes e incumplimiento del deber de protección a la infancia.
- Sanción máxima contra Jairo ‘N’, sin privilegios ni juicios cerrados, bajo jurisdicción civil, y protección a la familia y cualquier otra posible víctima, con atención médica, psicológica y legal con perspectiva de infancia y género.
- Investigación urgente de la Fiscalía General del Estado sobre posibles víctimas adicionales dentro de la base, cese del hostigamiento y destitución de funcionarios que hayan inducido o firmado declaraciones falsas.
- Vigilancia permanente del proceso judicial por organismos de derechos humanos y colectivos, y acompañamiento a la familia.
Las organizaciones también dirigen su reclamo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Mara Lezama y la secretaria Cristina Torres, advirtiendo que “lo ocurrido en Cozumel no es un hecho aislado, sino el resultado de una estructura de impunidad que protege a militares y criminaliza a las víctimas”.
El pronunciamiento enfatiza que la justicia no está sujeta a negociación. Demanda pena máxima y juicio civil transparente, así como la prevalencia de la seguridad de las niñas sobre intereses institucionales.
Agregaron que la violencia sexual contra niñas constituye una forma de terrorismo patriarcal y requiere acción inmediata, sin tolerancia para actos de encubrimiento.
El caso se mantiene bajo vigilancia y presión social, con organizaciones exigiendo que el proceso legal se desarrolle sin privilegios para el acusado y con transparencia total ante la opinión pública.
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