Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, señalado como uno de los principales implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, solicitó al Estado mexicano la reparación del daño por presunta tortura sufrida durante la investigación del caso.
Esta petición se produce mientras un tribunal federal ratificó la orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de desaparición forzada y tortura, lo que mantiene el caso Ayotzinapa en el centro del debate sobre derechos humanos y justicia en México.
La demanda de Rodríguez Salgado se fundamenta en la supuesta tortura que habría padecido tras su detención y en los años que permaneció en prisión durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Para sustentar su reclamo, solicitó a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) copia de la averiguación previa en su contra, así como de las causas penales abiertas contra otros implicados en la desaparición de los normalistas, sin embargo, la autoridad judicial solo le concedió acceso a la documentación de su propio expediente, negándole la información relativa a los demás procesados.
Derechos humanos y justicia “a la mexicana”
El juez de Distrito que resolvió el amparo parcial enfatizó que la reparación del daño como víctima solo puede iniciarse una vez que exista una sentencia condenatoria contra quienes presuntamente cometieron actos de tortura.
Por su parte, el juzgador señaló que el desahogo de los medios de prueba para la reparación del daño procederá después de haber resuelto sobre la responsabilidad del sentenciado, en concordancia con la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ante esta resolución, Rodríguez Salgado interpuso un recurso, pero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México lo declaró infundado, al considerar que ya había recibido copia completa de su carpeta de investigación y que no existen condiciones legales para iniciar el procedimiento de reparación del daño.
Las pruebas de la supuesta tortura de “El Cepillo”
En julio de 2020, se difundió un video grabado el 16 de enero de 2015 en las instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En las imágenes se observa a Rodríguez Salgado encapuchado y esposado, rodeado de agentes, mientras Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la AIC, profiere amenazas como “ya valió madres” y “a la primera mamada te mato”.
Este material reforzó las sospechas de tortura en la investigación del caso Ayotzinapa. En 2018, un tribunal federal ordenó la liberación de Rodríguez Salgado y de otros acusados, al considerar que existía sospecha de que los testimonios que los incriminaban se obtuvieron bajo coacción.
Por su parte, Tomás Zerón de Lucio negó haber torturado a Rodríguez Salgado o a cualquier otro detenido. En un documental de la cadena BBC, Zerón, quien reside actualmente en Israel, afirmó: “Yo era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal y no tenía necesidad de torturar a nadie”.
No obstante, reconoció que recurrió a amenazas durante los interrogatorios, aunque insistió en que nunca aplicó actos fuera de la ley. Zerón sostiene que las acusaciones de tortura y desaparición forzada en su contra carecen de fundamento.
Imposibilidad de arresto por temas de extradición
El proceso judicial contra Zerón de Lucio avanzó con la ratificación, por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, de la orden de aprehensión emitida en abril de 2021 por un juez de control del Reclusorio Sur.
Los magistrados consideraron que la orden cumple con los requisitos legales y que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó el riesgo de fuga, lo que justifica la emisión directa del mandamiento judicial. Zerón enfrenta cargos por desaparición forzada, tortura, coalición de servidores públicos, violación de derechos humanos, uso indebido de atribuciones, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa, todos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
La situación de Zerón se complica por su residencia en Israel, país con el que México no mantiene un tratado de extradición. Esta circunstancia ha dificultado su traslado ante la justicia mexicana, a pesar de que la Interpol ya emitió una ficha roja en su contra.
En abril de 2024, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió que el gobierno israelí otorgó a Zerón un “amparo de facto”, lo que podría obstaculizar el proceso de extradición.
Aunque no existe un acuerdo bilateral, la SRE destacó que México fundamenta sus solicitudes de extradición en la reciprocidad internacional y en los principios establecidos en la legislación global sobre la materia, manteniendo la presión diplomática para que Zerón enfrente la justicia mexicana.
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