Vecinos y organizaciones civiles denunciaron la operación de al menos siete “gaseras clandestinas” en el municipio de Ecatepec, gobernado por la morenista Azucena Cisneros, las cuales, además de funcionar sin permisos ni medidas de seguridad, presuntamente patrocinan con bienes y servicios al ayuntamiento, lo que evidenciaría un esquema de corrupción e impunidad.
De acuerdo con las denuncias, estas estaciones de venta de Gas LP representan un riesgo latente para cientos de habitantes, ya que no cumplen con las normas de Protección Civil ni con las reglas de seguridad básicas.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de rutas de evacuación, ausencia de extintores, inexistencia de personal capacitado y la venta del combustible directamente de las pipas o “salchichas”, sin bombas certificadas.
A través de solicitudes de información vía transparencia, las organizaciones confirmaron que ninguna de estas gaseras cuenta con la autorización de la Dirección de Protección Civil del Gobierno del Estado de México ni con el aval del propio municipio.
Gaseras que operan sin permisos
Las estaciones señaladas son: Mega Gas, en la avenida Carlos Hank González, Valle de Aragón 3ª sección; Gas L.P. Jiza Hdez, en la avenida Guadalupe Victoria 622, colonia Sauces; Gas Cruz Palma, en Plutarco Elías Calles 30, colonia Central Michoacán; un punto del Grupo Flores, en avenida Moctezuma 68, Granjas Independencia, el cual tendría hasta 20 puntos ilegales de venta; Gasera Pulgas, en avenida Central, Valle de Aragón 3ª sección; Jima Gas, en Plutarco Elías Calles 25, colonia Sauces Coalición, y otra sucursal de Gas Palma, en Plutarco Elías Calles esquina Venustiano Carranza, colonia Central Michoacana.
Renato Argumedo, integrante de la ONG No más corrupción, afirmó que estas empresas no cuentan con razón social, no emiten facturas ni están registradas en Hacienda, por lo que todo el dinero se maneja en efectivo. “Estamos hablando de un sistema de triangulación de dinero, blanqueo de efectivo y corrupción”, señaló.
El activista advirtió que también debe investigarse el origen del combustible, pues se presume que podría provenir de robo a Pemex. “Si la alcaldesa lo sabe y lo tolera, también es parte del problema”, enfatizó.
Las organizaciones urgieron la intervención de las autoridades federales para frenar este esquema, que no solo pone en riesgo a la población, sino que además podría estar financiando actividades ilícitas con recursos públicos.
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