La Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal y su Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, confirmó la emisión de una notificación roja para la localización y aprehensión del empresario y exsubsecretario de Turismo Simón Levy Dabbah.
El mandamiento judicial fue emitido por un Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México, dentro de la causa penal 02565/2020, por el presunto delito de daño doloso a la propiedad.
Mediante este mecanismo internacional, ya se ha activado la búsqueda del político, incluso en Washington D.C., con el propósito de capturarlo y gestionar su extradición. Sin embargo, para que Interpol pueda proceder con mayor certeza, las autoridades mexicanas deben remitir documentación adicional, como certificación del mandamiento judicial, fotografía, huellas dactilares y otros datos de identidad.
Denuncia data del año 2020
El caso se remonta a 2020, cuando inició el proceso penal que derivó en esta orden de aprehensión. Ahora, tras varios años sin que se ha logrado su cumplimiento, se recurre a los canales de cooperación internacional.
Desde Estados Unidos, diversos medios indican que Levy se encuentra actualmente en California y que, gracias a esta ficha roja, puede ser detenido en el extranjero y extraditado a México.
Se destaca antecedentes graves en contra del exfuncionario de López Obrador como subsecretario de Turismo, incluyendo amenazas documentadas y agresiones a adultos mayores, en un caso que ha generado una amplia controversia pública.
“Con la ficha roja ya no va a poder viajar”, advirtió el abogado de la víctima, Eduardo Fuentes Celestrín, confiando en que Levy finalmente enfrente las consecuencias legales.
El caso ha sacudido la esfera pública, especialmente por la percepción de impunidad que rodea a Levy, por lo cual se pide que al ex subsecretario no le pase por alto esta alerta internacional y responda ante la justicia, particularmente después del video viral donde agrede a una adulta mayor.
El éxito de estos mecanismos dependerá ahora de la capacidad de las autoridades mexicanas para entregar a Interpol todos los documentos necesarios y de la voluntad de cooperación de institutciones extranjeras donde podría estar radicando el acusado. El futuro del proceso judicial —y la posibilidad de su extradición— está en ese trámite.
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